Seguridad ciudadana y desarrollo

(2) Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un concepto multidimensional utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para evaluar la calidad de vida de la población de un país determinado. Usualmente, el IDH mide tres grandes aspectos: salud (esperanza de vida al nacer), educación (tasa de alfabetización) y la riqueza (Producto Interno Bruto -PIB- per cápita). Sin embargo, en el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, titulado “Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia”, el PNUD reconoce que “el progreso real relativo al desarrollo humano no solo hace referencia a la ampliación de las opciones de vida de las personas y su capacidad de recibir educación, estar sanas, disponer de un estándar de vida razonable y sentirse seguras, sino que también es cuestión de lo sólidos que sean estos logros y de si se cuenta con las condiciones suficientes para el desarrollo humano sostenible”. La inseguridad personal la presenta este informe como una de las vulnerabilidades que afecta la sostenibilidad del desarrollo y que debe ser trabajado sistémicamente, ya que es un obstáculo al progreso económico y la calidad de vida. Dentro de este contexto, ha quedado documentado en el “Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”, elaborado de igual forma por el PNUD, que el 64.8% de la población dominicana percibe un deterioro en la seguridad ciudadana, en tanto que un 59.1% de la población encuestada, sostiene que han limitado el acceso a lugares de recreación por temor a ser víctima de la delincuencia. Otra estadística importante sobre el país es la que presenta el informe “Latinobarómetro 2013”. Este revela que para la población dominicana la delincuencia/seguridad pública es el segundo problema más importante, sólo superado por la desocupación/desempleo. Conforme a estadísticas oficiales de la Procuraduría General de la República, al mes de abril del presente año se han producido 28 feminicidios y 32 homicidios de mujeres. De igual forma, reporta que de enero a abril del año en curso, ocurrieron 624 homicidios, con una tasa de 18.04 % por cada 100,000 habitantes. En este período, el mayor número de homicidios se produjo en la provincia Santo Domingo con un total de 171, seguido por la provincia Santiago con 64 y el Distrito Nacional con 56. En mi provincia, San Juan, se han reportado 18 homicidios en el período enero-abril 2014. En un esfuerzo por hacer frente a la problemática de la inseguridad ciudadana, las autoridades competentes elaboraron el Plan de Seguridad Democrática, el cual estableció como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, atacar integralmente las multicausales de la violencia y de la delincuencia, favorecer la ruptura de la ausencia que ha tenido el Estado con las comunidades excluidas y crear las condiciones de seguridad física y material. En el año 2005, fue declarado mediante el decreto 263-05, de alta prioridad nacional la ejecución del plan de seguridad democrática. Otras medidas para afrontar y buscar soluciones a la inseguridad ciudadana han sido la creación mediante el decreto 315-06, del Consejo Nacional de Seguridad, integrado por los ministerios de Interior y Policía, de Defensa, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Director Nacional de Investigaciones, el Director Nacional de Control de Drogas, el Presidente del Consejo Nacional de Drogas y el Asesor del Poder Ejecutivo para Programas de Lucha contra el Narcotráfico. Este decreto fue modificado por el decreto 319-06, para que el Consejo Nacional de Seguridad se denominara “Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana”. Posteriormente, el decreto 119-13, modifica de igual manera su composición. En el año 2012, el Poder Ejecutivo creó mediante decreto 358-12, el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana, con el propósito de “recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictual del país, con la finalidad de orientar y apoyar acciones y políticas de prevención, reducción y control de la criminalidad y la violencia”. La lucha por lograr mayores niveles de seguridad ciudadana no es exclusiva de la región latinoamericana y del Caribe. Países desarrollados como Estados Unidos y muchos de la Unión Europea, han tenido que asumir medidas para frenar el incremento de la inseguridad en sus poblaciones. El caso del modelo europeo, se enfoca principalmente en impedir el surgimiento del problema, más que combatirlo, haciendo énfasis en el sistema educativo y en la ejecución de acciones a nivel comunitario; mientras que el modelo americano es de carácter preventivo-disuasivo, y se fundamenta en el principio denominado de las “ventanas rotas” (broken windows), planteado en un artículo publicado por James Wilson y George Kelling en el año 1982. De acuerdo al criterio planteado por los autores, un “vidrio roto no reparado”, significa ñmetafóricamente- que el ciudadano está a expensas de los delincuentes y que hay una ausencia absoluta de control que promueve las actividades criminales. Entre los años 1993 y el 2000, con el programa “Tolerancia Cero”, en la ciudad de New York, el índice de delincuencia descendió en un 57.23%; se redujeron los homicidios en un 65.18%; los robos con violencia bajaron en un 62.46%; el robo de vehículos y a residencias, disminuyeron, en un 68.11% y 62.10%, respectivamente. Algunos detractores del modelo americano, han planteado que lo que verdaderamente produjo la disminución de la criminalidad, fueron la inserción de más de 15 mil efectivos policiales y el incremento del presupuesto de la policía en más de un 300%. Hoy la ciudad de New York recibe más de 20 millones de turistas por año, generando empleo, riqueza y bienestar. La respuesta efectiva contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana incide directamente en las decisiones de los agentes productivos y económicos obstaculizando el crecimiento económico con énfasis en el desarrollo humano. Para Gerard Johnson, gerente general para la región del Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo (BDI), la criminalidad comporta una carga económica “tanto en términos de costos directos asociados a los recursos necesarios para combatir la violencia, así como en la pérdida de oportunidades de inversión y turismo”. En definitiva, la seguridad ciudadana como elemento de la seguridad humana, incide positivamente en el logro de un desarrollo humano sostenible que elimine las barreras que impiden a las personas alcanzar los niveles de vida considerados necesarios para garantizar la dignidad humana y una vida libre de violencia.