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Castigo presupuestal

A pesar de lo que pueda argumentar el ministro de Hacienda, lo cierto es que el proyecto de Presupuestos y Ley de Gastos Públicos para el año 2015 está repleto de fallas e inobservancias que el Congreso Nacional está en el deber de corregir, así sea que deba regresar al Poder Ejecutivo con todas sus consecuencias.El pecado original está en el facilismo presupuestal empleado en los últimos años. Nueva vez la formulación del Presupuesto se hace asignando las mismas partidas del año en curso para repartir luego los incrementos proyectados para el siguiente año a partir de los compromisos y las prioridades del Presidente de turno.Un “copy-paste” que se evidencia, por ejemplo, cuando al asignar las partidas no se tomó en cuenta que el 2015 es un año preelectoral y que la Junta Central Electoral demandará mucho más recursos, contrario a otras instituciones que recibieron asignaciones especiales para planes específicos ya concluidos o para obras finalizadas.Otro caso que ejemplifica esta situación es la asignación para el proyecto del 9-1-1, que para el 2015 se mantiene prácticamente igual, a pesar de que resulta un absurdo invertir tanto dinero en un “call center” sin revisar las asignaciones al Poder Judicial, al Ministerio Público o la Policía Nacional. Pues a todas luces resulta imposible desarrollar políticas eficientes de seguridad ciudadana y de combate contra el crimen sin mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo de jueces, fiscales y policías.De ahí que se pueda afirmar que el Presupuesto se hizo otra vez a partir de la improvisación y el facilismo, sin planes ni visión a largo plazo. Cuando esta pieza debería concebirse como un instrumento de desarrollo que se ajuste en términos anuales o interanuales a planes que se correspondan con su ejecución y eficiencia.No se trata de un “invento” de Danilo, porque esa práctica viene desde los tiempos de Leonel, aunque hay que reconocer el “aporte” que hace este gobierno al además utilizar el Presupuesto como sistema de premio y castigo para las instituciones a partir del nivel de adocenamiento que muestren ante el poder político dominante.Eso es lo que se desprende del incumplimiento que supone no consignar en el proyecto de presupuesto un aumento de las partidas al Tribunal Constitucional en, por lo menos, los 300 millones de pesos que prometió el Presidente Medina a los magistrados cuando les visitó en la sede de esa institución hace pocas semanas.Danilo pudo verificar in situ el deplorable estado en que opera esa Alta Corte y se comprometió a proveer los recursos necesarios para adquirir un local decente... Pero extrañamente en el proyecto que mandó al Congreso el TC permanece con la misma asignación de este año.Por eso el presidente del Constitucional, Milton Ray Guevara, en una carta a la comisión bicameral que estudia el Presupuesto, además de motivar la necesidad de aumentar las partidas para adquirir un nuevo local y para acometer algunos de los planes de fortalecimiento institucional que tienen pendientes, insinúa que ese “olvido” podría deberse a algún tipo de represalia por la sentencia 168-13.Dicen que en la reunión con la comisión bicameral, a Ray Guevara le explicaron que se trató de un error... Que se confundieron y asignaron al Superior Electoral las partidas que correspondían al ConstitucionalÖ ¡Vaya error!Sobre todo porque se sabe que la 168-13 no fue del agrado de un sector con mucho poder en Palacio Nacional, gente con tal nivel de influencia que habrían convencido al Presidente de que esa sentencia se emitió “para echarle una vaina”.Y si lo del TC fue “un error”, habrá que suponer que lo de la Junta Central Electoral es “pura casualidad”.A la JCE se le asigna en el próximo presupuesto lo mismo que este año, pasando por alto que el 2015 es un año preelectoral, y que por tanto buena parte del dinero que conlleva el montaje de las elecciones del 2016 hay que erogarlo en el transcurso del año anterior.Una casualidad extraña si se toma en cuenta que la Junta no cae bien en ciertos círculos, y que su autonomía e independencia no es bien vista por gente de poder en el Gobierno. Al punto que su presidente, Roberto Rosario, denunció que ese organismo, y él en términos personales, han sido víctimas de una campaña de acoso por parte de esa gente.Campaña que no sólo pretende doblegar a la Junta, sino poner en entredicho la honorabilidad y honestidad de quienes la dirigen.Se trataría, pues, de errores y casualidades que llevarían a pensar que los que confeccionan el Presupuesto no tienen la pericia ni los conocimientos necesarios para cumplir sus responsabilidadesÖ Pero dado el nivel técnico que tienen los funcionarios que dirigen esas dependencias, resulta bien difícil de creer.Por eso hay quienes sospechan que desde el Gobierno se castiga con el Presupuestos a las instituciones que por cualquier razón no le resultan cómodas a gente que, aunque nadie votó por ella, abusa de su poder y actúa con soberbia y arrogancia impropias del Presidente Danilo Medina.Esta nueva modalidad de retaliación constituye un tropezón institucional que si no ha adquirido categoría de escándalo público se debe a las excelentes relaciones y complicidad de una parte del gobierno con la canalla mediática y con parte de la oposición política, que contrario a criticar este peligroso chantaje institucional, se convierten en marionetas de los titiriteros que desde Palacio trazan la política de acoso y derribo de esas instituciones y sus representantes.Un abuso contra funcionarios públicos que lo único que han hecho es asumir con responsabilidad sus roles, sin importar las consecuencias y teniendo como norte sólo la defensa de los intereses nacionales.Parece que Congreso corregirá el entuerto...

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