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16 Septiembre 2014, Santo Domingo, República Dominicana, actualizado a las 1:34 AM
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El embarazo adolescente
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Margarita Cedeño De Fernández

La tasa alarmante de embarazos en adolescentes que se registran en los hospitales de nuestro país, y su consecuente lastre al futuro de nuestra nación, deben ser tema a abordar urgentemente por las políticas públicas y por nuestra sociedad. Las cifras son realmente preocupantes, por cada 1,000 mujeres adolescentes, tenemos 92 de ellas embarazadas.

De un promedio de 267 mil eventos obstétricos (embarazos y abortos) que suceden cada año en nuestro país, un 20% corresponden a una adolescente, es decir, alrededor de 54,000 adolescentes cada año ven su vida transformarse, sus esperanzas cercenarse y su futuro más completo. Esa cifra nos ubica como el quinto país con mayor cantidad de embarazos en adolescentes, en una región donde casi el 20% de los nacimientos vivos son de madres adolescentes.

Los datos de la Encuesta Socio-Económica de Hogares (ESH) del año 2012, realizada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), confirman esta situación. Se preguntó a todas las mujeres de 12 años y más, residentes en las zonas de vulnerabilidad de nuestro país, si alguna vez habían estado embarazadas. El resultado arrojó que 2 de cada 10 mujeres adolescentes en situación de pobreza, entre 12 y 16 años, habían estado embarazadas alguna vez.

El embarazo adolescente es un ancla de acero que retrasa los sueños de un mejor futuro para nuestra nación. Son innegables las consecuencias que tiene en la educación, en la salud y en el índice de calidad de vida de nuestra población, además de los aspectos psicológicos y emocionales que acarrea tanto para la adolescente como para el bebé. 

Recientemente, UNICEF publicó un estudio sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, el cual plantea que el embarazo a temprana edad es “una de las mayores causas de la deserción escolar entre las adolescentes (44%), lo que limita su desarrollo personal y profesional y dificulta su adecuada inserción en el mundo laboralÖ”.

Además, el embarazo a temprana edad constituye un riesgo para la vida, tanto de la adolescente como de la criatura que lleva en su vientre. Para la adolescente, es un riesgo por las altas probabilidades de muerte y las complicaciones durante el embarazo y al momento del parto; así como por el riesgo de infecciones, diabetes gestacional, hipertensión y enfermedades de transmisión sexual (ETS), sin mencionar las dificultades postparto, que casi siempre se presentan. Para la vida del recién nacido o neonato, se presentan riesgos por el bajo peso al nacer, la prematuridad y las malformaciones o problemas de desarrollo, lo que incide en una alta tasa de mortalidad infantil en niños de embarazos de ese tipo.

Pero a la vez, se trata de una cuestión de inequidad social y de género y de injusticia. La ESH arrojó que a mayor pobreza y menor nivel de estudios académicos, el embarazo adolescente era mayor. Del total de embarazadas adolescentes en zonas de vulnerabilidad, el 54% estaban en pobreza extrema y en pobreza; y el 46% en pobreza holgada y en pobreza moderada.

Una de las consecuencias más lamentables del embarazo en adolescente es que cierra las puertas de salida del círculo vicioso de la pobreza, con múltiples consecuencias en el desarrollo social de nuestros niños, tanto de la madre adolescente como del neonato, y un impacto negativo en la perpetuación de la miseria de la familia de la adolescente. Eso se traduce en desempleo, falta de oportunidades, aumento de la delincuencia, reproducción de la pobreza y familias destruidas, muchas veces con violencia de género. El embarazo en adolescente es otra manifestación de la “feminización de la pobreza”, lo cual no podemos tolerar.

Ante esta situación, el embarazo adolescente debe ser abordado desde dos realidades. Por un lado, como la concepción de un proyecto de vida, a través de la persuasión de la población adolescente sobre las consecuencias de traer un ser humano a la vida sin estar psicológica, social y económicamente preparados. Por el otro lado, desde la política represiva del Estado, porque la Ley es muy clara y precisa, específicamente el Código Penal y el Código del Menor, sobre las consecuencias, tanto para los padres como para el adulto responsable del embarazo de una menor de edad.

En el primer ámbito, es preciso crear conciencia en la población más joven sobre las implicaciones que puede tener el ejercicio irresponsable de la sexualidad, dado el impacto de la reproducción humana en los ya citados niveles de pobreza, en la educación, en la mortalidad, en la niñez, en la salud materna y en el incremento en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual. Se trata de implementar estrategias que apunten a posponer la primera experiencia sexual de nuestra población joven.

Eso sólo lo logramos a través de la educación, tal y como lo confirman los datos disponibles. Hemos reiterado varias veces que los adolescentes y jóvenes de nuestro país deben dedicarse a lo que más les conviene a ellos y al futuro de nuestra nación, que es a estudiar, y el embarazo a temprana edad no se los permite.

La labor de los padres y la escuela en esa tarea es vital. Evitar un embarazo adolescente se ha constituido en un verdadero reto para las familias dominicanas, especialmente en un mundo globalizado, donde la información está disponible a un “click” de distancia y donde los cánones de jerarquía han variado totalmente. Recientemente, compartiendo el proyecto ¡Bebé, piénsalo bien! con los jóvenes del Centro de Excelencia República de Colombia, del populoso sector del Ensanche Luperón, les decíamos: “Los jóvenes de hoy tienen acceso a mucha información, gracias al Internet, pero somos los adultos los que tenemos que guiarlos para hacer buen uso de ese conocimiento que tienen en las manosÖ”.

En el otro ámbito, el ordenamiento jurídico dominicano plantea los tipos penales en los que incurre un adulto que seduce a una menor de edad. No podemos ser flexibles ante la violación de los derechos humanos de nuestros adolescentes, ante el abuso infantil que constituye la violencia sexual contra una adolescente. Si en un año se registran alrededor de 13 mil embarazos adolescentes en el país, la justicia debe tener igual número de expedientes abiertos, investigando las situaciones en que se produjeron esos embarazos. Para ello, se requiere una coordinación de las Fiscalías de los Distritos Judiciales con las autoridades de los distintos Hospitales y Centros de Atención del país.

Enfrentar las altas tasas de embarazo en adolescente, es trabajar por el futuro de nuestra nación. El embarazo en adolescentes es un lastre al desarrollo integral de nuestras familias, porque perpetúa, casi siempre, la situación de pobreza. 

Hay muchas soluciones a ser planteadas, como son la planificación familiar, la educación sexual responsable, las campañas mediáticas, el empoderamiento de la mujer, entre otros. Sin embargo, lo urgente es trabajar para que se imparta justicia ante los casos de abuso infantil y violencia sexual y, a la vez, prevenir con la concienciación a nuestros adolescentes, y persuadirles sobre las consecuencias del embarazo en su futuro y el de su familia.

La autora es Vicepresidenta de la República. 

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