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20 Octubre 2014, Santo Domingo, República Dominicana, actualizado a las 9:17 PM
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Barrick Gold: ¿buena para el país?

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Matías Bosch

En términos simples, mientras la economía local se queda con las migajas (sueldo promedio de 8 mil pesos y escasos impuestos), el inversionista se apropia de la mayor ganancia al ser el dueño del producto final que se vende en el exterior (los paquetes turísticos en España, el jeans o la ropa interior en Nueva York, el oro en el mercado mundial). El país no puede generar mercado interno pues sus trabajadores son pobres, y el Estado apenas puede gastar e invertir debido a sus pírricos ingresos. Esto es justamente lo que hemos denominado “régimen de riqueza hacia arriba y hacia afuera, y pobreza hacia abajo y hacia adentro”.

República Dominicana sobrevive con un déficit fiscal estructural (recauda menos de lo que necesita) y una brutal deuda social producto de la concentración de la riqueza en muy pocas manos: hay carencias en educación, salud, vivienda, agua potable, energía eléctrica, protección medioambiental, deporte, cultura. Los datos de Sánchez Ramírez son contundentes: según el censo de 2002 (el país no ha cambiado tanto en diez años) la provincia expulsaba al 23.7% de su población residente, seguramente en búsqueda de mejores oportunidades. Tan sólo el 42.81% de la población económicamente activa estaba ocupada y el 58% de ellos en actividades informales. El 21.2% de los nacimientos eran hijos de madres menores de 20 años, mientras el 60.78% de los hogares aún usaba letrina y tan sólo el 26.7% de las viviendas recibían en su interior agua de acueducto. El 52% de los habitantes de provincia había llegado sólo a primaria y apenas el 8.42% a la universidad.

Nada de eso lo puede resolver por sí misma la Barrick Gold. Las buenas prácticas de la empresa pueden ser una ayuda –nadie lo discute-, pero su gran contribución debe ser tributando más y mejor, fortaleciendo así el papel redistributivo del Estado. Apoyar el surgimiento de pequeños negocios o colaborar con servicios comunitarios, de manera aislada y sin comprometerse seriamente con el país -como si los pueblos turísticos y mineros fueran un montón de islas desperdigadas en el mapa- es reproducir lo que podemos calificar “responsabilidad social empresarial desarraigada”.

Con las reglas actuales, el Estado dominicano participará sólo en un 28.75% de las ganancias del proyecto Pueblo Viejo, sumado al impuesto sobre la renta. Si se adoptaran modelos de países latinoamericanos, como el del Ecuador, sus ingresos podrían llegar al 56%, y por concepto de ganancias extraordinarias obtendría el 70% de los beneficios adicionales.

Se deben cambiar las reglas del juego.

Ejemplos hay y razones abundan. Porque, definitivamente, lo “bueno para mí” no funciona si no es, también, lo mejor para el país. 

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