Puntos de vista 9 Marzo 2013
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El Consejo del Poder Judicial y los jueces laborales
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Luis Manuel Vílchez Bournigal

La materia laboral es un área especial del Derecho, compuesta por un conjunto de normas jurídicas que buscan regular las obligaciones y derechos de los trabajadores y empleadores, así como suministrarles las vías para conciliar sus respectivos intereses. A fin de poder lograr este objetivo surgen los tribunales de trabajo, compuestos por jueces especialistas en el Derecho del Trabajo, al entenderse que un juez penal o de cualquier otra materia, que ha estado toda su vida atendiendo a casos ajenos a la jurisdicción laboral, no podría llegar a dictar una sentencia que vaya conforme a las disposiciones laborales vigentes y a los usos y costumbres de esta materia. Es por esto que, desde el 1ro. de enero de 1993, con la puesta en funcionamiento de los tribunales de trabajo, hasta la fecha, los jueces que ocupan y que han ocupado las distintas salas de los tribunales laborales han estado especializándose al hacer carrera dentro del Derecho de Trabajo, siendo obvio que quien vaya ocupar una posición dentro de un tribunal de trabajo de mayor jerarquía, como lo es una Corte de Trabajo, tiene que ser un juez que reúna las condiciones de experiencia y capacitación en la materia a fin de que dicho tribunal superior, el cual está llamado a conocer de las impugnaciones a las decisiones de los Juzgados de Trabajo, pueda contar con jueces notados en la materia, capaces de poder distinguir los errores que pueden o no contener una sentencia y al mismo tiempo no incurrir en los mismos. 

Por tal razón, sería una equivocación de la Suprema Corte de Justicia acoger las recomendaciones hechas por el Consejo del Poder Judicial, en fecha 22 de febrero del 2013, designando jueces de áreas ajenas a la Jurisdicción Laboral para las vacantes de la Corte de Trabajo, pues estaríamos tirando por la borda los avances logrados en esta materia desde la implementación del Código de Trabajo de 1992, luego que por tantos años se vio afectada por jueces que no reunían las condiciones ni el dominio de la materia como para dictar sentencias razonables y justas. El Consejo del Poder Judicial, con su actuación, le da la espalda a la seguridad jurídico-laboral que debe existir en un país que depende de la creación de empresas y puestos de trabajo, no le da su verdadero reconocimiento a los años de preparación, estudio y entrega que los jueces del Juzgado de Trabajo le han dedicado a esta jurisdicción especializada, ni le reconocen su derecho de ocupar  puestos superiores al continuar haciendo carrera en esta materia especializada.

Asimismo, hay que recordar que actualmente esta presentación de candidatos hecha a la Suprema Corte de Justicia, así como cualquier otra basada en la Ley de Carrera Judicial, carece de fundamento legal, pues en fecha 30 de septiembre de 1998, la anterior SCJ declaró la inconstitucionalidad o nulidad erga omnes de las disposiciones del Art. 17 de la ley no.169-97, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y los Arts. 3 y 14 y sus párrafos I, II, III, IV y V de la Ley 327-98 de la Carrera Judicial. Con esta declaración de inconstitucionalidad, los anteriores jueces, buscaban mantenerse en el cargo hasta la edad de retiro de 75 años al eliminar el período de cuatro años en el cargo que la ley les otorgaba de inamovilidad. Sin embargo, con la nulidad de estos artículos, los creadores de esta controversial decisión no se percataron  que al mismo tiempo anularon completamente la Ley de Carrera Judicial: El Art. 3 de dicha ley señalaba que “todas las disposiciones de la presente ley se aplicarán de inmediato a los jueces de la Suprema Corte de Justicia”, es decir, desde que se dictó la sentencia de fecha  30 de septiembre de 1998, la ley de Carrera Judicial prácticamente es inexistente, pues el artículo que obligaba a los jueces a su respeto y cumplimiento fue totalmente anulado; igualmente el Art. 14 de la dicha ley, en su párrafo 1 indicaba que “de igual forma, los jueces del orden judicial que sean designados de la Suprema Corte de Justicia, lo serán por un período de no más de cuatro (4) años, pudiendo ser confirmados en sus cargos cada vez que la Suprema Corte de Justicia haga una evaluación de los mismos”, como puede observarse, al haber fallado de la manera en que hicieron los anteriores jueces de la SCJ dejaron sin efecto la inamovilidad de 4 años que tenía todo juez designado por la Suprema Corte según el Art. 14 de la ley 327-98 e incluso anuló su capacidad para designar a los jueces de los tribunales inferiores. En consecuencia, resulta necesario que sea sometida al Congreso una nueva ley que regule el estatuto jurídico de la carrera judicial de los jueces inferiores y su inamovilidad en el cargo. 

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