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Libertad de expresión en un Estado democrático
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Antonio A. Langa

Actualmente, sobre la palestra, se debate un tema de amplio interés nacional, no sólo porque afecta directamente a todos los medios de comunicación, como protagonistas en el ejercicio de la diseminación de las ideas y hechos noticiosos, sino más importante aún, porque incide directamente en los destinatarios de dichas informaciones, todos nosotros. La cuestión central: la libertad de expresión e información; el escenario en que se vislumbra: el Congreso Nacional; el contexto: ¿Procede o no aumentar las penas (y añadiríamos, mantener las ya existentes), por la comisión de hechos que pudiesen considerarse delitos de difamación e injuria, contra aquellos que ejercen función pública? El intercambio de ideas ha surgido a raíz del proceso de revisión al proyecto de Ley que procura modificar el Código Penal. Reiteramos, a primera vista podría colegirse que estamos ante un tema sectorial (los periodistas y demás actores que se dedican a la difusión de las ideas); no obstante, como a continuación veremos, éste adquiere sensible e importante relevancia para todos, al incidir directamente en la calidad de nuestra democracia. En tal sentido, esta intervención lo que humildemente procura es que los legisladores puedan disponer de las tendencias jurídicas actuales en el tema de interés, y así ejercer su función pública de legislar, acorde con nuestro ordenamiento actual.

A partir del mes de enero del 2010, con la proclamación de nuestra vigente Constitución, hemos sido testigos de todo un elogiable movimiento que han asumido los principales actores del sector público y privado, de lo cual se han hecho eco todos los medios de comunicación, para que la República Dominicana, no sólo tenga una Constitución, alguna vez denominada como “pedazo de papel”, sino que viva en Constitución, y así que todos y todas sepamos nuestros derechos y obligaciones, así como conozcamos los medios para hacerlos valer, tanto frente a nuestros gobernantes, como en nuestra relación con los demás particulares; pues hace ya más de dos siglos la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano dispuso que una sociedad en la cual no estén garantizados los derechos, carece de Constitución.

La libertad de expresión e información constituye un derecho protegido tanto por nuestra Constitución, y como tal, uno de los llamados derechos fundamentales, como por Tratado sobre Derechos Humanos ratificados por la República Dominicana (en el entorno regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José; y en el ámbito global, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), razón por la cual dicha libertad, que a la vez es derecho, forma parte del denominado bloque de la constitucionalidad.

Podemos deducir de nuestra Carta Magna que la libertad de expresión comprende tanto el derecho de buscar y acceder a la información como el derecho a transmitir y comunicar la información obtenida; asimismo, que los medios de comunicación fungen como los vehículos idóneos para el ejercicio de dicho derecho, que como ya comprobamos, es fundamental, básico, esencial.

De ahí que en un Estado Democrático como el nuestro, según queda bautizada la República Dominicana en el artículo 7 de nuestra Norma Suprema, la libertad de expresión cumple las siguientes dos funciones esenciales: (1) constituye una garantía para que los medios de comunicación puedan transmitir libremente los hechos noticiosos e investigativos de interés público, permitiendo en consecuencia que los ciudadanos estén adecuadamente informados, al momento de practicar el delicado derecho, y cumplir con el sensible deber de ejercer el sufragio, incidiendo así en la formación de los destinos políticos de nuestra Nación; y (2) permite que toda la comunidad pueda velar por el respeto del patrimonio público y uso adecuado de los fondos públicos por aquellos que ejercen la función pública, en el ejercicio del control social al cual todos estamos llamados; como dueños colectivos de la cosa pública.


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