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Interpretación y alcance del artículo 102 de la Constitución
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Jottin Cury

La cuestión fundamental que se plantea es, entre otras, la de determinar si el artículo 102 de nuestra Carta Sustantiva, que se corresponde con el artículo 41 de la Constitución de 1966, faculta al Poder Ejecutivo dividir la observación de una ley, o mejor todavía, si tiene la potestad de observarla total o parcialmente. ¿Puede arrogarse el derecho de formular indistintamente observaciones parciales, dejando intacto y vivo el resto no observado, o por el contrario, su observación debe ser general? Insistiendo, ¿es posible hablar de simples observaciones, o sería preferible sujetarse a observaciones, sin adjetivos? La Constitución, que le da relevante participación legislativa al Jefe de Estado, quiere que una ley aprobada en ambas cámaras sea examinada por este último antes de promulgarla y publicarla.

En tal virtud, le asiste la autorización constitucional de penetrar en ella con espíritu crítico, y si a su juicio considera que debe ser corregida o completada, formula sus observaciones y devuelve la ley a la cámara de donde provino su envío. Veamos el lenguaje que emplea la Carta Sustantiva en el texto arriba citado: “Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuera remitidaÖLa cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si esta la aprobare por igual mayoría, se considerara definitivamente ley y se promulgara y publicara en los plazos establecidos en el artículo 101”.

Nótese que es muda en cuanto al alcance de la observación, o para ser más explícito, no parcela el alcance de la observación presidencial. El Presidente está atrapado entre estos dos extremos: observar o no observar. Si no observa, pues la ley será promulgada en el plazo que señala; si la observa, la ley, toda la ley, es devuelta para que sea discutida de nuevo. A un latinajo otro latinajo: Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, que en buen romance quiere decir que no debemos distinguir allí donde la ley no distingue. Si las cámaras, con su mayoría extraordinaria, ratifican lo ya aprobado por senadores y diputados, las observaciones presidenciales se van a pique y la ley nace como primitivamente fue concebida.

Párrafo aparte merece el caso contrario: ¿Qué sucede cuando no se logra en el hemiciclo del Congreso que recibe las observaciones la mayoría de las dos terceras partes de los legisladores presentes? Para mayor claridad, si el Presidente ha señalado sus observaciones sobre uno o más aspectos, y la Cámara que las hubiere recibido no la aprueba con la mayoría extraordinaria requerida, ¿Qué suerte corre la ley observada? Pues simple y llanamente se cae, situación que impone la nueva discusión de todo el proyecto o de otro distinto. Se repite el proceso, la ley es conocida en toda su extensión ante la victoria de las observaciones del Poder Ejecutivo.

El artículo 102 de la Constitución reproduce casi textualmente el veto presidencial que prevé la sección 7a del artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos de América, y los efectos que produce en este último país son exactamente los mismos que produce en el nuestro. Cuando el Congreso no puede imponer la ley observada con la mayoría extraordinaria de rigor, se opera su bloqueo, o si se prefiere un lenguaje obstétrico, malogra su nacimiento. Es lo que Bernard Schwartz expresa al afirmar que en los EEUU “el poder del veto se ha convertido en una amenaza permanente para los promotores de leyes y ha tendido a convertirse en un instrumento presidencial para favorecer la legislación deseada”1.

Es aberrante pensar que si el Poder Ejecutivo objeta uno o más aspectos de la ley, estos aspectos y únicamente ellos, serán suprimidos, mientras el resto conserva su validez, circunstancia que de ser adoptada originaría la legitimación de una familia de normas mutiladas. La razón más elemental enseña que si una o más disposiciones son observadas, forzosamente esa observación repercute sobre todo el cuerpo de la ley. Frederic A. Ogg y P. Orman Ray, autores de “Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amerique”, profesores de las Universidades de Wisconsin y California, respectivamente, destruyen el dislate de la observación parcial de la ley cuando enseñan lo siguiente: “En el estado actual de las cosas, el Presidente da su asentimiento o pone su veto a la proposición en su totalidad; él no puede aprobar una parte y rechazar otra”2.

Constituiría una solemne tontería aducir que la observación y el veto son distintos, en virtud de que tanto uno como otro persiguen idénticos fines: brindarle al Presidente la facultad de paralizar la ley. Analizando la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, se ha sostenido que la mayoría simple es suficiente para aprobar la ley observada, y más aun, hasta el propio Presidente incurre en el error de secundar semejante tesis en virtud de “la practica parlamentaria”. Y es lástima porque en la pirámide jerárquica de las leyes, ningún texto ni, tanto menos, ninguna práctica, uso o costumbre está por encima de la Constitución.

Confieso con rubor que jamás he tenido conocimiento de criterio tan absurdo como el de puede sortearse la mayoría extraordinaria que exige el artículo 102, y que antes preveía el 41, mediante “prácticas parlamentarias”. Solamente en un país como el nuestro puede alguien aventurarse a exponer opiniones tan risibles como las que motivan este artículo, pues el 102 de Constitución, insisto, es de una claridad asombrosa: “Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si esta la aprobare por igual mayoría, se considerara definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101”. No dice que discutirá las observaciones presidenciales ni que estas están sujetas, para fines de aprobación, a la mayoría simple, sino que deberá discutirse de nuevo la ley, la cual deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los legisladores presentes en uno y otro hemiciclo. No olvidemos que es impropio hacer distinciones arbitrarias, ni tampoco que hay distinciones que si se aceptan sobre los débiles arrimos de “prácticas parlamentarias”, podrían conducir a situaciones sociales enojosas.

1 Bernard Schwartz, Los poderes del gobierno, edición de la Universidad Autónoma de México, año 1966, volumen II, núm. 175, Pág. 36.

2 Frederic A. Ogg y P. Orman Ray, Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amerique, Presses Universitaires de France, traducción francesa del año 1958, Pág. 239.

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