El patrimonio institucional del Banco Agrícola (BA) pasó de RD$3,549.9 millones en 2010 a RD$2,304.5 millones en 2011, lo que significa una disminución absoluta de RD$1,245.4 millones, equivalente a un 35%.
Así lo hacen constar los estados financieros auditados al 2011 publicados ocho meses después por la entidad. Entre las razones que expone de esta disminución está que sucedió para cubrir faltante de provisiones según los requerimientos normativos.
Destaca que mediante resolución 021 del 14 de diciembre de 2011, el directorio ejecutivo autorizó constituir provisiones para cubrir el riesgo de la cartera préstamos por importe de RD$839.9 millones contra los resultados anteriores.
Otra de las razones, según el informe, tiene que ver con RD$376.3 millones originados en los años 1993 y 1994 por diferencia de precio subsidiado en venta de arroz con garantía del Banco, así como incentivos de exportación, mandatos contenidos en los decretos 52-93, 283-93, 210-94, los cuales no habían sido pagados al 2011 y tampoco fueron certificados a la firma de auditoría externa por el Ministerio de Hacienda.
Señala también RD$165.2 millones adeudados directamente por el Ministerio de Hacienda correspondiente al compromiso de pago del 7% de intereses de un financiamiento de RD$1,500 millones para préstamos subsidiados a los afectados por las tormentas Noel y Olga, según instrucción del presidente Leonel Fernández. Al 2011, según el Banco Agrícola, no se habían pagado estos valores ni se emitió la certificación de deuda de la firma auditora.
Soporte
Según una publicación sobre sus estados financieros disponibles en su página de Internet, el Banco Agrícola explica que ha estado en un proceso continuo de implementación de los requerimientos establecidos en los reglamentos de la Superintendencia de Bancos, acorde con la Ley Monetaria y Financiera, con el objetivo por un lado, de tener a buen resguardo los recursos del público depositados en la institución y al mismo tiempo, obtener de los organismos reguladores la debida certificación o certificación como entidad financiera que se ajusta a la ley y sus reglamentos.