Video: En el sur de Tailandia, los niños estudian junto a las armas

Los 700 alumnos que estaban en clase escucharon la fuerte explosión que se produjo a las puertas del colegio ubicado en el sur de Tailandia, territorio donde los insurgentes musulmanes tienen en el punto de mira escuelas y profesores.

La deflagración, registrada en septiembre de 2016, mató a una niña de cuatro años y a su padre e hirió a diez civiles.

Más de 185 profesores han muerto desde entonces por ataques atribuidos a los grupos armados musulmanes que reivindican la independencia de la provincias de Pattani, Yala y Narathiwat, que ocupan el sur de Tailandia, según cifras de Human Rights Watch (HRW).

"Los insurgentes consideran que el sistema educacional promovido por el Gobierno es un símbolo y primer frente de batalla de la ocupación del Estado tailandés en la región", explica a Efe Sunai Phasuk, investigador y responsable de esta área para HRW.

Tanquetas del Ejército escoltan cada mañana a los profesores budistas hasta los centros, cuyo perímetro es custodiado por grupos paramilitares y voluntarios fuertemente armados mientras los pequeños estudian y juegan.

Antes de llegar a las instalaciones, coches, motocicletas y todo tipo de vehículos tienen que salvar numerosos puestos de control colocados a lo largo de la carretera.

En 2012, el profesorado hizo una huelga para pedir al Ejecutivo mayor protección tras una escalada de ataques contra docentes.

"Yo siempre llevo conmigo una pistola, incluso en clase", confía a Efe un maestro a la entrada del colegio y, como prueba, se levanta un poco la camiseta y enseña la empuñadura del arma.

Después de que el separatismo musulmán retomara la lucha armada, en 2004, agrupaciones civiles entregaron de manera gratuita armas ligeras a los educadores para que pudieran defenderse, pero la iniciativa resultó contraproducente porque los rebeldes aumentaron los ataques contra el profesorado para robarles las pistolas.

"A pesar de que en la actualidad existe un descenso en los ataques contra las instituciones educativas, la violencia aún continúa. En algunos casos, los rebeldes actúan contra los oficiales apostados y ponen en riesgo la vida de maestros y alumnos, ante la posibilidad de ser bajas colaterales", apunta el experto.

La docencia y escuelas islámicas también sufren de la violencia, por un lado los insurgentes agreden a los profesores musulmanes que colaboran con el Estado y por el otro lado los cuerpos de seguridad hacen redadas en las madrasas en busca de rebeldes.

Según las fuerzas gubernamentales, los grupos armados reclutan militantes en los centro de enseñanza musulmanes.

El estado de excepción vigente en Pattani, Yala y Narathiwat concede poderes especiales a las autoridades para realizar detenciones arbitrarias, en muchos casos de estudiantes y profesores.

"Las leyes deniegan a los detenidos el acceso a abogado durante siete días y permiten una prórroga por otros 30 días", expone Kittipong Jantaviroj, director del Consejo Musulmán de Abogados.

El letrado dice que muchos de sus clientes han denunciado torturas durante los interrogatorios y asegura que también hay detenidos que han muerto en los cuarteles.

"Actos que no son investigados y contra los que no se puede hacer nada debido a la legislación", se lamenta Kittipong, que denuncia otras acciones "intrusivas" de las autoridades como que exijan a los alumnos de las madrasas muestras de ADN sin que sean calificados de sospechosos.

El experto de HRW incide en que ambos bandos ponen en peligro a los niños y afectan a su educación.

Al menos 6.700 personas, la mayoría civiles, han muerto en el conflicto del sur del país desde 2004.

Un Estado islámico en lo que fue el antiguo sultanato de Patani, formado por Pattani, Yala y Narathiwat, es la reclamación principal de los insurgentes, que denuncian la opresión y la discriminación por parte de la Administración budista, religión mayoritaria del país.