“Bandido bueno es bandido muerto”

La cifra de que 37 personas de 100 en Río de Janeiro, está de acuerdo en que “bandido bueno es bandido muerto”, da razones suficientes para alarmarse.

En primer lugar, porque en Latinoamérica, Cuba y Guatemala son los únicos países con la pena de muerte vigente.

La Habana la utilizó por última vez tras las sentencias del año 2003, cuando “fueron fusilados Enrique Copello, Bárbaro Leodán Sevilla y Jorge Luis Martínez, condenados por el secuestro de una embarcación con unos 50 pasajeros a bordo”.

En Guatemala, “las últimas ejecuciones con inyección letal, datan del año 2000”. Se podría firmar que existen, pero hibernan.

Queda el cuestionamiento de que no se están teniendo en cuenta los “intercambios de disparos” o “las acciones en defensa propia”, ya que en uno que otro momento cada nación tuvo su pena de muerte “a su estilo”.

En algunos pueblos lejanos y algunos indígenas, dependiendo del delito, dejan en “paños menores” a los infractores, les dan una pela y los sueltan en la selva con las manos amarradas a la espaldas.

Pero el caso no termina ahí. la encuesta brasileña revela también que se apoya “un cheque en blanco para la policía”, y también “la guerra sucia” (9 personas por día caen en Río en promedio).

Además, por polémico que resulte, las acciones “son respaldadas más por hombres que por mujeres y con un mayor predicamento entre católicos que entre evangélicos”.

Mientras tanto, en otra encuesta de la Confederación Nacional de la Industria, en Río mismo, reveló que la gente ha cambiado sus hábitos: no salen de noche (53%), evitan pasar por algunos barrios (51%), no salen con dinero en los bolsillos y algunos han cambiado de residencia (12%). Un 8% cambió a sus hijos de escuela. También han cambiado su forma de vestirse (23% los hombres y 30% las mujeres).

Los encuestados admitieron que aunque los programas sociales “son más eficaces para reducir la violencia que las acciones represivas”, cuando hay que escoger entre una y otra por asunto de rapidez, “un 85% cita alguna acción represiva”.

Dentro de la represión se encuentra un aumento del patrullaje en las calles (41%), elevar las penas para los delincuentes (24%), combatir la venta ilegal de armas (21%), y un 85% considera que “la edad mínima para la imputabilidad sea reducida desde 18 hasta los 16 años”, Es decir, un niño de 16 años no es precisamente un niño si tiene la capacidad de matar sin que le duela el alma y sí, las razones están en las favelas.

Todo el mundo está consciente de que las oportunidades son un recurso efectivo contra la violencia... el problema es cómo alcanzarlas.