Las Mundiales 30 Agosto 2013
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COLOMBIA
Fallo de corte sobre proceso de paz es histórico, dice gobierno
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AP
BOGOTA, Colombia

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos calificó ayer como histórico el dictamen de una corte que declaró constitucional una enmienda a la carta magna y que las autoridades consideran clave para el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, pero grupos como Human Rights Watch alertaron los riesgos de impunidad.

Por su parte, José Gregorio Hernández, ex magistrado y ex presidente de la Corte Constitucional, indicó en entrevista telefónica que los integrantes del alto tribunal "pusieron una vela a Dios y otra al diablo" porque, por ejemplo, por un lado dijo que los beneficios de la norma están condicionados a que los delitos de lesa humanidad, sean investigados y sancionados y por otro acepta la enmienda que contempla la suspensión de penas.

El fallo de la Corte Constitucional, emitido la víspera por siete votos a favor y dos en contra de sus nueve integrantes, "es histórico... El éxito de las conversaciones que adelantamos actualmente en La Habana depende en gran medida de la decisión que ha tomado la Corte", dijo el gobierno en un comunicado.  

La enmienda es conocida en Colombia como "marco jurídico para la paz", porque se considera uno de los instrumentos jurídicos claves del gobierno de Santos en sus negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en diálogos que se iniciaron a fines del 2012 y que se escenifican en La Habana, Cuba.  

El texto de la enmienda, de cuatro artículos, establece, entre otros puntos, que los actores del conflicto armado interno colombiano, como los rebeldes, pueden recibir rebajas o suspensión de penas en prisión si dejan las armas. También contempla que se podrá centrar la investigación penal en "los máximos responsables" y no en todos los insurgentes, por ejemplo. La nueva norma será reglamentada en un proyecto de ley que deberá ser preparado y debatido por los congresistas.  

Aunque el texto completo del fallo aún no ha sido divulgado, y puede demorar semanas y hasta meses, la Corte dijo en un comunicado que en esa futura ley el Congreso deberá considerar varios parámetros, entre ellos que "deberá ser respetuoso de los compromisos internacionales (del país)... en cuanto a la obligación de investigar, juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario", así como garantizar los derechos de las víctimas.  

"Este es un mensaje para las FARC y para todo el país: el logro de la paz estable y duradera implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos", indicó el gobierno en su comunicado. 

 José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, dijo que "con base en información disponible sobre el fallo de la Corte, no parece que se corrigieran las serias fallas de la enmienda constitucional".  

El marco "permite al Congreso excluir de la investigación penal casos de atrocidades si se determina que estas no fueron parte de un ataque sistemático y suspender totalmente las penas de prisión a los guerrilleros, paramilitares y militares considerados los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, con la consecuencia de que no tengan que pasar un solo día en la cárcel", dijo Vivanco en un correo electrónico enviado a la AP.  

"Es preocupante que la Corte habría confirmado que se pueda negar el acceso a la justicia a víctimas de crímenes de guerra tales como violación sexual o tortura debido a que tales delitos no fueron parte de un ataque sistemático", añadió.  

El comunicado de prensa de la Corte, sin embargo, aseguró Vivanco, "indica que cualquier suspensión de una sentencia debe estar orientada a garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. No vemos cómo la total suspensión de la pena de prisión a comandantes guerrilleros o militares que sean máximos responsables de los peores crímenes, podría bajo cualquier circunstancia estar orientada a satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia". 

 "Entonces, es posible que el fallo de la Corte haya establecido importantes límites a la capacidad del Congreso de suspender las penas de prisión a los responsables de atrocidades. Afortunadamente, en el caso de que tales límites no sean aplicados en la futura legislación, las víctimas aún cuentan con la Corte Penal Internacional, que ya ha advertido al gobierno colombiano que la suspensión total de las penas podría llevar a ese tribunal internacional a abrir una investigación".  

 Las FARC, que ya han rechazo la enmienda y no aceptan públicamente la posibilidad de ir a prisión, "ahora creo que con mayor razón irán a apartes de ese marco jurídico...el problema radica en que el gobierno está totalmente obligado por el fallo a cumplir esos condicionamientos" que indicó la Corte, añadió Hernández. Compaginar todo eso, aseguró, "no es tan fácil como lo pintan".  

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