Las Mundiales 17 Diciembre 2012
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LEY 28-01
Trabajadores de Galvánrechazan cierre de empresa
AIRD SOLICITÓ CANCELAR PERMISO A LICORERA LA ALTAGRACIA, QUE GENERA 112 EMPLEOS
  • Impacto. Las inundaciones del lago Enriquillo han dificultado las actividades productivas de la zona, obligando a muchos agricultores a abandonar sus predios.
Galván, Bahoruco

Trabajadores de la única industria instalada en la región del lago Enriquillo pidieron al Tribunal Superior Administrativo que proteja sus empleos y haga prevalecer la decisión del organismo estatal que aprobó el establecimiento de esta empresa al amparo de la Ley 28-01 de Promoción del Desarrollo Fronterizo, y argumentaron que la resolución sobre ese proyecto se adoptó cumpliendo todos los requisitos establecidos.

La instancia ante la corte está firmada por los abogados Luis Miguel Pereyra y Sergio Julio George, en representación de 112 trabajadores de la Industria Licorera La Altagracia (ILLA) única firma nacional que fabrica rones y licores agrícolas, ubicada en una zona de marginalidad y exclusión social protegida por la Ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo formada por las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Bahoruco y Santiago Rodríguez.

La Asociación de Industrias (AIRD) había solicitado al tribunal, a través  de una acción cautelar contra esta industria y otras existentes, la suspensión de su permiso para operar al amparo de la ley 28-01, alegando que se vulneran los derechos de sus asociados porque las decisiones del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo provocan una distorsión en el mercado nacional y además interpuso un recurso contencioso administrativo para que las autoridades revoquen los permisos.

La ILLA  y otras seis industrias fueron autorizadas a instalarse y operar al amparo de la ley 28-01 por el Consejo de Coordinación Especial de Desarrollo Fronterizo en la asamblea del 26 de julio pasado. Las licencias se confirmaron y ratificaron en la asamblea general ordinaria del 26 de septiembre último, reconociéndose que contribuirían de manera directa y significativa al desarrollo y progreso de la región de mayor marginalidad, pobreza, miseria y abandono de toda la geografía nacional.

“Es increíble que una asociación que debería promover la industria pida que se elimine la única empresa industrial de toda una provincia, como si la gente del Sur no tuviera derecho a vivir dignamente y disfrutar de empleos industriales bien remunerados”, declaró el vocero de los trabajadores, Marichal Romero.

EL CONEP PIDE QUE SE MODIFIQUE LA LEY
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) solicitó ayer al Congreso Nacional la modificación de la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo, por considerar que el régimen constituye una grave distorsión que promueve la competencia desleal y limita las recaudaciones del Estado. La entidad empresarial recordó que el artículo 36 de la reforma tributaria recién aprobada estableció un plazo de 60 días para que el Congreso Nacional se avocara a la revisión de la Ley de Desarrollo Fronterizo. El plazo concluye el próximo 7 de enero, por lo que el Conep consideró necesario que las cámaras legislativa agilicen los esfuerzos en este sentido. El Conep afirmó que los 4,369 empleos generados por las empresas acogidas a este régimen reflejan de manera evidente que es una política pública mal diseñada.

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