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Exdiputados

Más de 100 legisladores aun no declaran sus patrimonios

Posición. El informe indica que resulta una contradicción la violación a la ley por parte de legisladores.

Posición. El informe indica que resulta una contradicción la violación a la ley por parte de legisladores.

Hay 105 legisladores, entre diputados y exdiputados, que aun no han presentado sus declaraciones juradas de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, según recoge un estudio del Laboratorio José Antonio Esquivel del Centro Juan XXIII.

La revisión también incluye que 3,901 funcionarios municipales que no han presentado su declaración jurada de patrimonio, medida obligatoria según lo dispuesto en la Ley 311-14.

El Laboratorio Esquivel asegura que en República Dominicana prevalece libre de un régimen de consecuencias sobre las declaraciones juradas, con mayor énfasis en los niveles municipales y en la Cámara de Diputados.

“Resulta contradictoria la violación a la ley de parte de legisladores que rehúyen someter sus respectivas declaraciones, cuando ellos mismos fueron o son miembros de ese poder colegiado del Estado”, señala una de las conclusiones del estudio.

La ley obliga a todos esos servidores y exservidores públicos a depositar su declaración jurada en un plazo máximo de 30 días contados a partir de su toma de posesión (o su salida del cargo) el pasado 16 de agosto 2016. “No obstante, las autoridades dominicanas se mantienen sin aplicar el régimen de consecuencias legal previsto para estos casos de incumplimiento”, se queja el estudio. El Laboratorio José Antonio Esquivel es una iniciativa desarrollada por el Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED), adscrita al Centro de Estudios Económicos y Sociales Padre Alemán, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Sobre el informe, el antropólogo Fernando Ferrán, director del PED, llamó la atención sobre la violación a la Ley 311-14 en que incurren legisladores y funcionarios municipales, sobre todo en un momento en el que la Procuraduría General de la República se apoya en declaraciones juradas para respaldar las imputaciones sobre corrupción administrativas contra algunos servidores del Estado por supuesto enriquecimiento ilícito a propósito de los más de US$92 millones en sobornos que pagó la empresa Odebrecht, según confesó la propia constructora, en la República Dominicana.

Fernando Ferrán recordó, en ese contexto, el escándalo reciente que llevó a la destitución de Diandino Peña de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), a raíz de un reportaje de la periodista Alicia Ortega que mostraba “serias contradicciones” entre su participación accionaria en diversas empresas y el patrimonio declarado bajo juramento.

“La no existencia de una DJP podría significar en ese contexto, no sólo que objetivamente se viola la ley, sino que de manera premeditada cada sospechoso oculta desde ya una eventual prueba del delito que está en vías de cometer”, explica el boletín del PED.

En contraste con los hallazgos de cumplimiento en la Cámara de Diputados, en el Senado todos menos una exfuncionaria ha depositado su declaración jurada de patrimonio.

“Se mantiene la impunidad que beneficia a todo incumbente o exfuncionario que por uno u otro motivo incumple la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y su Reglamento, debido a la ausencia casi absoluta de sanciones disciplinarias y/o penales de parte de sus respectivos superiores jerárquicos, así como de la Procuraduría General y de la Tesorería Nacional”, afirma el boletín.

El boletín denuncia además “el incumplimiento reiterado” de la Ley 200-04, en materia de Libre Acceso a la Información Pública, de las entidades llamadas a mantener a disposición de todos los ciudadanos los datos actualizados sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los servidores.

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