...Corrió el riesgo

Tener un ministro en la prisión por corrupción, aunque hubiese sido solamente por 24 horas, era un riesgo que el presidente Medina no tenía que correr, sobre todo cuando ese funcionario, Temístocles Montás, puso su cargo a disposición al ser imputado por el caso de la Odebrecht.

Montás, ministro de Industria y Comercio y uno de los magnates en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, parecía un personaje intocable, se definía como un hombre honrado y libre de toda culpa, pero la Procuraduría General de la República lo encartó como corrupto. Ayer el Presidente lo destituyó.

El funcionario, que generalmente no salió del Palacio durante los regímenes del presidente Leonel Fernández y Danilo Medina, cometió quizás el error de su vida, al reconocer públicamente sin que tuviera que hacerlo, que el empresario Ángel Rondón le había dado dinero para su campaña.

Rondón es el imputado principal en el juicio de 14 políticos, funcionarios, legisladores y empresarios. Fue mandado a la prisión de La Victoria por un año, en tanto que otros dos mandados a cumplir medida de coerción a sus casas; uno está en Panamá y el resto camino a la cárcel modelo de Najayo.

Si ninguno de los imputados hubiese tenido el rango partidario, miembro del comité político y del Gabinete, como Montás, la situación del régimen, ya angustiosa de por sí, hubiese sido más cómoda. La decisión de mandar a Montás a la cárcel, confirma para muchos lo que decía el rumor público.

El gobierno del presidente Medina no tiene ningún beneficio de la situación actual, aunque haya bajado la presión de la calle representada por la Marcha Verde, para alentar una clara persecución de los mencionados como corruptos. La calle, sin embargo, se ha mostrado implacable.

La única ventaja que pudiera tener el PLD es que con el fallo del juez Ortega Polanco, salen del juego para el futuro electoral Montás y también el secretario general del partido, Reinaldo Pared Pérez, quien dijo a la prensa que había cruzado el lodazal sin mancharse, una afirmación que le pesará.

Los dos han sido pre candidatos a la Presidencia por largo tiempo. Montás, beneficiado por el expresidente Fernández durante sus tres gobiernos, se alejó del exgobernante, lo denunció y se propuso como el único que podría gobernar. Pared Pérez ha presentado su nombre de forma más pasiva.

Otro de los aspirantes presidenciales del PLD es Radhamés Segura, a quien el juez le dictó nueve meses de prisión domiciliaria, al igual que a Roberto Rosario, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables, INAPA. Se cree que ambos se encuentran en delicado estado de salud.

Medina pudo haber acogido más temprano la entendida renuncia del ministro Montás, aunque algunos de sus asesores dicen que evitó contradecir la presunción de inocencia del encarcelado. Otros creen que al no retirarlo antes del puesto aunque fuera por suspensión, estaría desafiando el dictamen del juez.

Si algo de lo cual se ha cuidado el Presidente, es de no interferir en los asuntos de los otros poderes del Estado como, en el caso, la justicia, contrario a otros dirigentes partidarios que maniobraron para salvar la situación de los sometimientos anteriores de Víctor Díaz Rúa y el senador Félix Bautista.

PLD, PRM tablas La situación que se deriva del envío a prisión del grupo mayormente político, es que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el PLD están igualados en la debacle, ya que el primero tiene a su presidente, Andrés Bautista, con seis meses de prisión en Najayo y a Alfredo Pacheco con garantía económica de RD$5 millones e impedimento de salir del país.

La condición de Pacheco, diputado de la capital, como la de los senadores Tommy Galán, de San Cristóbal y Julio César Valentín, de Santiago, es idéntica, en razón de que a los tres los ampara la inmunidad parlamentaria de que disfrutan mientras la legislatura se encuentra abierta.

Díaz Rúa, el poderoso exsecretario de Obras Públicas, tesorero del PLD, fue sentenciado a nueve meses en Najayo y su allegado en los negocios, Conrado Pittaluga, al mismo tiempo en igual prisión. Máximo D’Oleo, tres meses en Najayo; Ruddy González, seis meses, y Bernardo Castellanos, en Panamá, tendrá que enfrentar un proceso de medida de coerción tras su retorno.

La crisis que en los dos principales partidos del país significa los sometimientos de la Procuraduría General de la República, por disposición del fiscal Jean A. Rodríguez, alentó salir a la palestra al expresidente Hipólito Mejía, quien ha visitado a los imputados de su partido, el PRM, mientras la organización denuncia la sentencia como política.

El excandidato presidencial, Luis Abinader, que se disputa con Mejía la candidatura presidencial para las elecciones del año 2020, también fue a la cárcel provisional del palacio de justicia de Ciudad Nueva, adonde fueron mandados los encartados en el caso mientras son acomodadas LA VICTORIA y NAJAYO.

Cero Impunidad El presidente Medina ha prometido en diversas oportunidades que la impunidad no seguirá teniendo espacio en la vida nacional. La última vez lo hizo durante la presentación de sus memorias ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero. Tiempo después se desató el reclamo popular contra la corrupción y la impunidad.

Aunque Medina ha tenido una enorme aceptación de los electores, que votaron por él mayoritariamente en las elecciones de mayo del 2016, la incredulidad de muchos dominicanos conspiró contra su afirmación de que en lo adelante no habría espacio para la corrupción y la impunidad.

La presión para desvelar y someter a la justicia a los beneficiados por el escándalo de Odebrecht no ha sido solamente en la República Dominicana. Estados Unidos ha estado vigilante ante la situación aquí y en varios países donde la compañía opera, pretendiendo que sean mandados a la cárcel los sobornados.

Al gobierno del presidente Medina le perjudica particularmente el escándalo porque se ha minimizado en muchos medios algunos grandes logros como fue el caso de la llegada a Santiago y Puerto Plata del sistema 9-1-1, un plan de seguridad con el apoyo de Estados Unidos.

Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación de Electricidad, a cargo del proyecto de Punta Catalina, reconoció ayer viernes que el escándalo de Odebrecht afectaba su desarrollo.