Caso Odebrecht
Esperan silencio termine mañana
Sobornos. La empresa brasileña Odebrecht ha construido grandes obras de infraestructura en República Dominicana.
La brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente, encontró en República Dominicana un lugar propicio. Tanto, que la empresa trasladó su oficina de gestión de sobornos a la nación caribeña, donde funcionarios locales se beneficiaron con casi 100 millones de dólares.
Sin embargo, cinco meses después de que fue revelado el esquema de sobornos, nadie en el país caribeño ha sido castigado, ni siquiera identificado, como beneficiario de las millonarias coimas, lo cual ha generado indignación tanto en grupos civiles como políticos.
Los críticos esperan que al menos el silencio termine el viernes, cuando se espera que la compañía entregue a la Procuraduría los nombres de los beneficiarios como parte de un acuerdo mediante el cual el gobierno renuncia a procesar a los ejecutivos de la compañía y le permite continuar sus operaciones en el país.
De acuerdo con documentos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, ejecutivos de Odebrecht confesaron haber pagado unos 788 millones de dólares a funcionarios de 10 países de América Latina y dos de África para conseguir contratos millonarios con los gobiernos.
En República Dominicana, a partir de 2001, Odebrecht distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para obtener 17 contratos de construcción de carreteras, presas y una termoeléctrica. Uno de los principales implicados trabajó como asesor del presidente Danilo Medina en sus dos campañas electorales.
El acuerdo Cuando comenzó a sentirse acosada por la investigación judicial que inició Brasil tras descubrir los millonarios sobornos, Odebrecht trasladó a República Dominicana en octubre de 2014 el llamado Departamento de Operaciones Estructuradas, que en realidad era la oficina de gestión de las coimas. La razón de ese traslado fue “seguridad, principalmente seguridad empresarial”, argumentó Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, director de ese despacho, según su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.
El procurador general Jean Alain Rodríguez, miembro del comité central del partido gobernante, suscribió en enero un acuerdo con ejecutivos de Odebrecht mediante el cual la compañía podrá continuar sus operaciones en el país y sus ejecutivos no serán acusados judicialmente, a cambio de información que permita procesar a funcionarios locales y una multa de 184 millones de dólares que serán pagados en un período de ocho años. Es el primer acuerdo de ese tipo que la compañía logra suscribir con un gobierno fuera de Brasil.
Se trata de un “acuerdo de impunidad”, consideró Manuel Robles, miembro del grupo civil Marcha Verde, creado en medio de las protestas callejeras en demanda de una investigación independiente de los sobornos y castigos a los implicados.