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Marcha Verde plantea la destitución del procurador

Declaración. Manuel Robles, uno los coordinadores del movimiento Marcha Verde, rechazó el acuerdo judicial con Odebrecht y lo calificó como “acuerdo de la impunidad”.

Declaración. Manuel Robles, uno los coordinadores del movimiento Marcha Verde, rechazó el acuerdo judicial con Odebrecht y lo calificó como “acuerdo de la impunidad”.

El movimiento de la Marcha Verde exigió ayer la destitución del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, por considerar que el acuerdo judicial con Odebrecht favorece a la empresa brasileña en detrimento de los intereses del pueblo dominicano.

Manuel Robles, uno de los coordinadores de la organización, consideró que la homologación, al que denominaron “acuerdo de la impunidad”, fue la gota que rebosó el vaso de una serie de “mentiras, manipulaciones y acciones negligentes” que hoy colocan a la República Dominicana como el único país del continente donde en cuatro meses no se ha realizado ningún sometimiento a la Justicia de los relacionados con el caso internacional de corrupción.

La Marcha Verde denunció que, a pesar de que Brasil, Perú, Panamá, Colombia y otros países han mostrado importantes avances en la investigación de las sobrevaluaciones y el financiamiento ilegal de las campañas electorales con fondos de Odebrecht, Alain Rodríguez no ha dado un solo paso para investigar estas dos modalidades de corrupción en el territorio nacional.

“Además de ser destituido de inmediato, Jean Alain Rodríguez deberá ser investigado por el Consejo del Ministerio Público por posibles actos de prevaricación, y por permitir deliberadamente que una empresa mafiosa continúe haciendo negocios con el Estado dominicano, contrario a lo que manda la Ley de Compras y Contrataciones Públicas”, destacó Robles.

La organización tambien señaló que, al procurador ser miembro del Comité Central del PLD, y formar parte del equipo electoral de las pasadas campañas del presidente Danilo Medina, Alain Rodríguez viola el Estatuto del Ministerio Público, que establece que ningún miembro de esta entidad podrá dirigir las investigaciones ni ejercer la acción pública en relación con determinados hechos delictivos, si es parte o tiene interés en el caso bajo su investigación.

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