El discurso de mano dura contra el crimen no funciona

En la región, los escenarios políticos y criminógenos, aunque distintos en cada país, sugieren tener algo en común: La narrativa de mano dura es popular entre los electores, representa un discurso de capital político importante, pero aleja a las autoridades de las verdaderas soluciones al tema de la prevención de la reincidencia y la dignificación penitenciaria. Al prometer cárcel para las personas en conflicto con la Ley o penas más severas y extensas, lo que las autoridades realmente incitan es al abarrotamiento de los centros penales, al hacinamiento, al colapso del sistema judicial penal y otros males similares que han dificultado el proceso de reforma y prevención en numerosos países alrededor del mundo.

Es que no se puede predicar la sana convivencia hablando de venganza.

Basta notar que acerca de la prevención del delito y la reforma criminal se ha hablado mucho y siempre -y con razón- porque el tema de la criminalidad es uno que destruye familias, termina vidas a destiempo y dificulta el desarrollo social. Sin embargo, tanto haberlo hablado, tantos expertos, tanta literatura, y el problema sigue siendo un fuerte dolor de cabeza para los gobiernos y la sociedad. ¿Será que no hemos hablado suficiente? ¿Será que no nos entendemos?

No. El problema no se encuentra en qué tanto hablemos, sino cómo hablemos el tema de la política criminal. Es posible que la pregunta correcta sea ¿Qué estamos fomentando con el lenguaje que utilizamos para comunicar nuestra lucha contra la criminalidad? Las probables respuestas no son alentadoras.

Acción contra el crimen Puntualmente, cabe destacar los efectos de las “tough-on-crime narratives” o narrativas de mano dura, consideradas como uno de los muchos factores responsables de las dificultades de la reducción del crimen. En ese sentido, los discursos de mano dura liderados por autoridades y miembros de la sociedad civil, desincentivan -por razones evidentes- el muy necesario uso de medidas alternativas a la prisión, dificultan la aceptación social de la persona en conflicto con la ley criminal y, por tanto, su (re)inserción social, contribuyendo así a situaciones que afectan negativamente la prevención primaria y secundaria -tales como el desmembramiento del núcleo familiar y la laceración del tejido social- y disminuyen la prevención terciaria -incentivando el hacinamiento penitenciario y dificultando la rehabilitación y la prevención de la reincidencia.

A los escépticos del impacto de la comunicación pública e institucional en el tema de la criminalidad, sería importante recordarles cómo los cambios de narrativa pública y de líneas comunicacionales centrales han contribuido a cambios importantes en lugares en los que el tema de la criminalidad es uno de triste resultados. Este es el caso, por ejemplo, del Estado de California, Estados Unidos, caracterizado por la terrible situación de encarcelamiento masivo y una política criminal que, en muchos aspectos y en simples términos, se ha encontrado en una situación fallida. Aunque el Estado de California sigue enfrentando grandes retos, la aprobación (mediante voto democrático en referéndum) de la Proposición 47 (o “Proposition 47”), el 4 de noviembre de 2014, logró un cambio importante: el uso de medidas alternativas a la prisión en casos de infracciones menores en uno de los estados de mayor encarcelamiento masivo, con cifras comparables a los peores casos del mundo.

Efectividad contra el crimen La campaña que hizo posible este gran paso se centró principalmente en atacar la narrativa de mano dura y explicar los beneficios de abordar el tema criminal desde otro discurso y aproximación. La efectividad del cambio comunicacional (la transición de mano dura a sistema criminal humano y efectivo) ha sido considerada una de las razones principales por las que casi 60% de los electores votaron para aprobar la positiva iniciativa, que requería apoyo democrático de conformidad con la normativa vigente.

Este caso, al igual que muchos otros ocurridos alrededor del mundo y de los que la comunidad internacional ha sido testigo, comprueba que una política comunicacional correcta sobre el tema de la criminalidad puede liderar cambios que no podrían lograrse bajo la tóxica narrativa de mano dura. Pero, quizás aun más interesante, esto podría sugerir que con la debida concienciación y educación sobre los temas relativos a los fenómenos criminales, podríamos lograr que lo electoralmente viable sea también lo idóneo para el sistema de lucha contra el crimen. Después de todo, la proposición 47 fue aprobada mediante elecciones democráticas en referéndum y ganó.

En este sentido, América Latina, y puntualmente República Dominicana, en su imperiosa necesidad de una reforma criminal integral, necesita acercarse a las nuevas preguntas acerca de cómo nuestros liderazgos comunican las preocupaciones sociales sobre el tema, y qué generan en el público con las narrativas que -hasta ahora- se han venido utilizando sin efectividad en una parte significativa de nuestras comunidades. Así las cosas, la región más desigual del mundo podría reconocer que le ha fallado a muchos de sus miembros en sus promesas de igualdad de oportunidades y protección pública, para confesar el mal criminal que nuestras débiles políticas públicas han hecho pesar sobre la población latinoamericana. No basta, nunca bastaría, pero es un comienzo fresco, con el que podríamos detallar y ejecutar un plan comunicacional no vengativo, bien desarrollado, alineado a las mejores prácticas, y que pueda ser facilitado a los líderes de la región y de los países que la integran, con el fin de que su liderazgo y comunicación pública no incentive los fenómenos negativos arriba descritos que dificultan la prevención y el tratamiento y se constituyan en verdaderas plataformas a favor de la reforma criminal más positiva.