Preocupa a Finjus situación de Duquesa
Conflicto. Servio Tulio Castaños Guzmán dijo que hay necesidad de aclarar a la sociedad la situación, y la importancia de una solución.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) mostró ayer preocupación por las informaciones que circulan en los medios de comunicación sobre supuestas irregularidades en la venta de terrenos de Duquesa a Lajun Corporation, compañía encargada de administrar ese vertedero.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la entidad, manifestó la necesidad de aclarar a la sociedad el conflicto debido a la naturaleza de esa litis y la importancia de que se encuentre una solución ajustada al Estado de Derecho.
“Deben darse respuestas claras y directas a las interrogantes que han surgido en torno a las actuaciones de los implicados en este caso, puesto que dicen haber entregado una certificación que supuestamente demuestra su legítima titularidad del terreno, haciendo referencia a la aprobación de la venta en la Cámara de Diputados en fecha 10 de febrero de 2009. Sin embargo, es un hecho comprobado que en tal fecha no se celebró sesión”, sostuvo Castaños.
La Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados terminó las investigaciones que realizaba en torno a la venta de los terrenos donde está ubicado el Vertedero de Duquesa y concluyó ayer que ese contrato no pasó por el Congreso Nacional.
El presidente de la comisión, el diputado Héctor Féliz, explicó que se decidió entregar su informe a la Procuraduría General para que sea esa institución la que proceda, y expresó que los terrenos de Duquesa, donde la empresa Lajun Corporation opera el vertedero, fueron vendidos por el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), durante la gestión de Enrique Martínez.
El presidente de la Finjus indicó que “las respuestas ante los problemas de la naturaleza de este litigio deben surgir de procesos rigurosos, que sean conducidos de manera adecuada y con todas las garantías legales. Este es el camino para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho que sólo es posible a través del verdadero imperio de la ley, la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad de las actuaciones de quienes gestionan la cosa pública”.
Castaños consideró que para superar las confusiones sobre la situación jurídica en torno al vertedero de Duquesa, el Estado debería abocarse a realizar todas las investigaciones que se requieran para determinar las vías que garanticen la gestión idónea de este tipo de servicios estratégicos para la salud, la convivencia, el ambiente y la calidad de vida de las comunidades.
“Este es el camino para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho”, agregó.