Salarios de militares y policías: Elección entre Dios y el Diablo

El suicidio del cabo Juan Carlos Ramírez Martínez, P.N., ocurrido hace unas semanas motivado por una supuesta extorsión de que fue víctima por parte de un oficial de la misma institución, además de la negativa de su padre a darle la mísera suma de 50.00 pesos para comer, es sin lugar a dudas un hecho luctuoso que describe, de la manera más cruda, la dramática realidad que sufren aquellos servidores públicos que en nuestro país devengan salarios que rondan los RD$ 7,000.00 pesos mensuales.

Este caso me motiva nueva vez a analizar la recién promulgada Ley Orgánica de la Policía Nacional, que muchos, ilusoriamente, creen que con tan solo una nueva Ley podrán “reformar” cualquier institución sin tomar como base de cambios la integralidad del conjunto de acciones que hay que tomar en cuenta para el logro de esos objetivos, de manera simultánea y con metas de mediano y largo plazo.

Tomando como referencia obligada lo que establece nuestra Carta Magna, que en su Artículo 7 consagra que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho como fundamento para aspirar a una real democracia social consolidada, es evidente que se necesita mejorar la calidad de las políticas públicas y desarrollar instituciones abiertas, transparentes y cercanas a la ciudadanía.

En ese mismo orden, se hace necesario entender que este diseño funcional requiere de figuras sociopolíticas capaces de interpretar la multidiversidad de intereses que interactúan en toda sociedad y, por vía de consecuencias, la Policía Nacional no escapa a este esquema.

Por esta razón, entendemos oportuno la realización de un “análisis político-social” que responda a la necesidad de observar lo que está sucediendo en la región con el tema de la inseguridad ciudadana y su relación existente con la política nacional de los países, con sus economías, la misma sociedad y hasta sus relaciones internacionales.

El objetivo fundamental sería que esas fuerzas sociopolíticas progresistas puedan desarrollar estrategias y políticas públicas sobre los temas relevantes que la sociedad dominicana demanda, y que se mantienen en el tope en todas las encuestas de opinión, como es el tema de la “inseguridad ciudadana”.

Debido a estos factores, el Estado dominicano ha puesto en su agenda de gobierno el impulsar lo que parecer ser una estrategia de seguridad pública sobre la base de lograr la eficiencia en las actuaciones de los cuerpos policiales.

En este contexto, se pueden exhibir la implementación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911), la promulgación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y la cuantiosa inversión de recursos, sin precedentes, que ha destinado el gobierno del Presidente Danilo Medina en su empeño de cumplir con la promesa de garantizar un clima de seguridad ciudadana al pueblo dominicano.

Pero a pesar de estos esfuerzos, la inseguridad ciudadana continúa siendo el “Talón de Aquiles” de su gobierno, con una Policía Nacional sumida en una crisis de confianza, por ser incapaz de contener el incremento sostenido del índice de criminalidad - que no es igual a la Tasa de Homicidios -, por el alto número de agentes policiales involucrados en actos de corrupción y en conexiones soterradas con estructuras del crimen organizado.

Escenario avalado por el ahora llamado Director General la Policía Nacional, al expresar públicamente que “la Policía Nacional pasa por momentos muy difíciles”.

Entendemos que de nada sirven las iniciativas adoptadas por las autoridades si no se mejoran sustancialmente las “condiciones sociolaborales” del principal recurso que cualquier institución, sea esta pública o privada, dispone: su “recurso humano”.

Es aquí donde es pertinente incluir en este análisis a los miembros de las FFAA por tener ellos una semejanza laboral a las de la PN, siendo ambas, en su conjunto, los garantes de la Seguridad y Defensa Nacional y, por vía de consecuencia, del sistema democrático y social de derecho, indispensable para el desarrollo nacional.

Si se practicara un estudio “etnográfico” a las FFAA y PN sobre sus salarios, horas de servicio, seguridad social, seguros de vida, equipamientos y sus condiciones de trabajo, es seguro que saldrán a relucir que existen: gran incertidumbre y falta de motivación en su personal, falta de garantías referido especialmente a no disponer del entrenamiento continuo en el debido uso de la fuerza para actuar dentro del marco del respeto a los derechos humanos, condiciones de trabajo precarias, corrupción interna influenciada por la doble moral de algunos mandos superiores, imagen institucional deteriorada con la subsecuente pérdida de autoestima y falta de incentivos para la capacitación profesional y especialización.

Dentro de todos estos factores enumerados, nos permitiremos utilizar el renglón “SALARIO” para demostrar nuestros argumentos, tomando como base comparativa, la escala básica del “Costo Promedio Nacional de la Canasta Familiar” dado por el Banco Central en el año 2014 para la escala de más bajos ingresos (quintil 1), que fue de RD$ 12,298.00 pesos y el “Salario Mínimo” que devenga un raso perteneciente las FFAA y PN (sin aplicarle los descuentos) que es de RD$ 7,000.00 pesos.

De este análisis sencillo, salen verdades que mucha gente no quiere “ver lo evidente”, siendo la realidad más palpable admitir que con el sueldo de un raso de las FFAA o PN, ningún ser humano puede satisfacer mínimamente el menú de sus necesidades básicas, por lo tanto, ésta se constituye en una seria vulnerabilidad que fácilmente puede inducir a estos servidores públicos a ser tentados por los “demonios de la corrupción”.

Analicemos tan solo tres de estas necesidades básicas: alimentos/bebidas, vivienda y salud.

Partiendo de la hipótesis de que un ser humano se alimenta todos los días y tres veces al día; que una familia normal integrada por cuatro miembros (padre, madre y dos hijos), tendremos que con el sueldo de un mes, ese miembro de las FFAA y PN solo puede destinar al día para alimentar a toda su familia la suma de: 3,306.10/30= RD$ 110.20 pesos, para distribuirlo en las tres comidas del día serían: 110.20/3= RD$ 36.73 pesos por comida al día.

Puesto que asumimos hipotéticamente que son cuatro los integrantes de una familia, tendremos que 36.73/4= RD$ 9.18 pesos por comida al día para cada uno.

Ante esta vergonzosa realidad, corresponde preguntarnos, si es posible alimentar a una persona con RD$ 9.18 pesos diarios? ¿Podrá tener una vivienda digna pagando un alquiler de RD$ 579.60 pesos al mes? O ¿Le alcanzarán los RD$ 303.10 pesos mensuales para garantizar la salud de toda su pobre familia?

Como podemos apreciar en el gráfico 3, la República Dominicana tiene uno de los más bajos salarios de toda Latinoamérica, por tanto, podemos afirmar que “la República Dominicana no tiene la policía que quiere sino la que paga”.

Estos son parte de los motivos que obligan a que una gran parte de los miembros de las FFAA y PN se vean obligados a buscar en su tiempo libre, un segundo empleo, para poder completar el magro salario que el Estado ha sido incapaz de proporcionarle, para de esta manera seguir bajo el “servicio de Dios”, pero que hoy, erróneamente, se le está prohibido en la nueva Ley Orgánica.

Los bajos salarios son, en definitiva, unas de las principales vulnerabilidades de nuestras instituciones armadas, por lo que se hace prioritario que el Estado mejore sustancialmente las condiciones sociolaborales de los militares y policías si quieren pretender potenciar sus capacidades para que cumplan sus funciones de Seguridad y Defensa de forma eficiente y efectiva como demanda la sociedad.

Bajo esas condiciones favorables estarán en capacidad de reclutar nuevos y óptimos miembros dentro del banco de recursos humanos de la sociedad, pues verán en las FFAA y la PN instituciones dignas y honorables donde puedan desarrollar sus talentos vocacionales en una carrera profesional de futuro.

Es preciso ofrecer un “proyecto de vida” atractivo, elemento indispensable para elevar las condiciones de trabajo mínimas, tales como, estabilidad laboral, salarios dignos, acceso a un plan de viviendas y seguro social que cubran los “altos riesgos” a que se enfrentan día a día.

Además, es la mejor y más eficaz manera de combatir y prevenir la corrupción interna, utilizada como mecanismo alternativo para incrementar sus ingresos y la peligrosa tentación de vincularse con las fuerzas “subterráneas” del crimen organizado, y a la vez, una manera de fortalecer nuestras instituciones armadas.

Pues los militares y policías son dominicanos de “carne y hueso” que también poseen derechos fundamentales, que tienen que ser protegidos tal como lo consagra el Artículo 8 de la Constitución de la República, cuando expresa que “es función del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social Ö..”

Finalmente, para que la República Dominicana tenga unas fuerzas militares sólidas y una policía moderna dentro de un “Estado Social y Democrático de Derecho” capaces de asumir los retos y desafíos actuales en un mundo globalizado que imprime una velocidad de cambios socioculturales, económicos y políticos, que traen consigo nuevas amenazas y que posean la suficiencia operacional de recuperar y garantizar la seguridad ciudadana, tenemos que aumentar sustancialmente sus condiciones sociolaborales, involucrando también a la sociedad civil y comunidades en el diseño de sus estrategias, de la implementación de la “rendición de cuentas” y una política de transparencia, evitando así que los miembros de las FFAA y PN, como “servidores de Dios” caigan en la tentación, por dinero, de tener que “servir al Diablo”.

El autor el miembro del Círculo Delta. fuerzadelta3@gmail.com