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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Se abre nuevo capítulo de la libertad de prensa en RD

LOS PERIODISTAS VAN EN BUSCA DE UNA PROFUNDA REFORMA DE LA LEY 6132

Tema. Los exponentes en el panel que trató sobre “Libertad de Expresión ante el Tribunal Constitucional: Alcances de la Sentencia 007516”, trazaron la línea de acción hacia el objetivo de los profesionales de la comunicación de poder ejercer su oficio sin las cortapisas legales existentes.

Tema. Los exponentes en el panel que trató sobre “Libertad de Expresión ante el Tribunal Constitucional: Alcances de la Sentencia 007516”, trazaron la línea de acción hacia el objetivo de los profesionales de la comunicación de poder ejercer su oficio sin las cortapisas legales existentes.

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Wendy Santana de FranjulSanto Domingo

Un nuevo tramo de discusiones se ha abierto con el tema de la libertad de prensa que reclaman los periodistas aludiendo el derecho a la libre expresión, y la inmunidad que todavía confiere el Código Penal a las principales autoridades del Gobierno ante cualquier escrutinio calificado de malicioso.

La Caja de Pandora se destapó el pasado lunes en un auditorio repleto de comunicadores sociales, propietarios de medios, juristas, académicos, jueces, estudiantes y personas interesadas en saber cuál es el fondo del tema, qué es lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, y lo que falta por hacer.

El panel, titulado “Libertad de Expresión ante el Tribunal Constitucional: Alcances de la Sentencia 007516”, trazó la línea de acción hacia el objetivo de los profesionales de la comunicación de poder ejercer su oficio sin las cortapisas legales existentes, entre ellas una que implica penas de prisión si producen contenidos que puedan entenderse como ofensas a los funcionarios públicos cuestionados.

Uno de los puntos neurálgicos tratados y que implicará la más ardua tarea de los periodistas es convencer a las figuras protegidas por la ley de que por su propia función pública deben someterse a la revisión de sus gestiones, y recurrir al derecho a réplica, no a la prisión de los comunicadores.

También quedó claro que ningún periodista, editor, director o dueño de medio de comunicación es responsable por las declaraciones de terceros ofrecidas a reporteros y publicadas en un diario, porque esto colide con el canon constitucional que establece la personalización de la pena.

En todo caso que el afectado quiera confirmar si la fuente citada es real o no, el periodista sólo tendría que demostrar que recibió esas informaciones de quien asegura que las recibió, librándose de ser sometido a la justicia por una tarea cotidiana de su ejercicio profesional.

El consenso entre los panelistas Miguel Franjul, Rafael Molina Morillo, Namphy Rodríguez y Olivo de León, de que existe la necesidad de aplicar una profunda reforma a la actual Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y del Código Procesal Penal logró el respaldo de los presentes.

Como muestra de solidaridad, el público permaneció atento a las exposiciones durante las dos interrupciones eléctricas de que fue objeto el auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), donde fue realizado el evento, mientras los charlistas continuaban sus ponencias.

El mayor respaldo y el más necesario provino del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien, aunque se marchó del auditorio tan pronto concluyó las palabras de apertura y causó extrañeza ante el público, avaló desde el TC la reestructuración de la Ley 6132.

El destacado jurista, quien goza de gran respeto en la sociedad y es el precursor de los primeros logros en materia de despenalización de los denominados “delitos de prensa”, aboga porque se eliminen paulatinamente los rezagos dictatoriales vigentes aún en las leyes dominicanas.

Ray Guevara emitió el pasado 4 de abril la sentencia TC 0075-16 que elimina la incriminación de los directivos de un medio de comunicación en todas las notas que se publiquen en un diario, incluyendo las de los articulistas externos, cartas con opiniones de los ciudadanos y anuncios pagados.

Se eliminaron, en consecuencia, los artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley 6132, atendiendo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Fundación Prensa y Derecho, que preside el periodista y abogado Namphy Rodríguez; y los directores de los periódicos Listín Diario, El Caribe y El Día, Miguel Franjul, Osvaldo Santana y Rafael Molina Morillo, respectivamente.

En la misma acción se pedía la nulidad de los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Código Procesal Penal Dominicano, que implican viejas sanciones, multas y encarcelamiento a quienes la justicia declare como infractor de los delitos de palabras, entiéndase difamación e injuria. Sin embargo, esta parte fue ignorada por el TC bajo el entendido de que los delitos señalados en dicho Código no atañen a los periodistas sino a los ciudadanos que ofenden con palabras “injuriosas” o “difamatorias” al Presidente de la República, altos funcionarios y dignatarios extranjeros.

Esta situación es calificada por la clase periodística profesional como la permanencia de un régimen de censura o auto censura para evitar prisión que ya no cabe en la Constitución actual ni en los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades públicas.

HISTORIA La Ley 6132 fue promulgada el 15 de diciembre de 1962 por el Consejo de Estado instaurado en el país tras la muerte del tirano Rafael Leónidas Trujillo, tratando de establecer un régimen democrático en medio de las restricciones a la libre expresión que persistían en esos momentos y a las venganzas de los remanentes de ese gobierno dictatorial. Fue basada en la ley francesa de 1882, considerada arcaica.

SENTENCIA TC 007516 ARTÍCULOS DE LA LEY 6132 ELIMINADOS Art. 30 Relativo a la alegada difamación cometida en perjuicio de las Cortes y Tribunales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Art. 31 Castigaba la presunta difamación contra miembros del gabinete presidencial, cámaras legislativas, funcionarios públicos, agentes de la autoridad pública, servidor público o de un testigo en razón de su deposición.

Art. 34 Respecto a la supuesta injuria cometida en perjuicio de organismos o personas citadas en los artículos 30 y 31.

Art. 37 Penalizaba los casos tildados de difamación a algunos de los miembros de los poderes constituidos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las instituciones públicas y contra las personas enumeradas en el artículo 31.

Art. 46 Establecía que los directores de medios y ejecutivos que le siguen en el orden jerárquico y efecto de cascada, serían catalogados como los autores principales de la pena de los denominados delitos de prensa.

Art. 47 Señalaba que los directores o sustitutos o editores sean puestos en causa los autores de la publicación (entiéndase periodistas) serían perseguidos como cómplices.

Art. 48 Indicaba que los propietarios de periódicos o escritos periodísticos eran responsables de las condenaciones pecuniarias producidas contra personas en provecho de terceros.

((POSICIÓN DE LOS EXPOSITORES

MIGUEL FRANJUL DIRECTOR DEL LISTÍN DIARIO. Vicepresidente de la SIP y representante de la Sociedad Dominicana de Diarios.

“Con esta sentencia del TC nos quitamos de encima la gravosa amenaza de la guillotina que significaba el “efecto cascada”, que no era más que la imposición de una cadena de responsabilidades desde el director hasta el más simple empleado del medio impreso de comunicación por una difamación que produjera un tercero. Falta ahora que el Congreso retome las discusiones sobre varios proyectos de ley que reforman de arriba a abajo la 6132 y eliminan del Código Penal las penalidades de prisión que aún existen”.

RAFAEL MOLINA MORILLO DIRECTOR DEL DIARIO EL DÍA. ex presidente de la SIP.

“Tras la sentencia del Tribunal Constitucional ahora le toca el turno a los legisladores para aprobar una Ley de Prensa que consolide la libertad de expresión en el país. Hasta el momento ha habido varios intento de modificar la Ley 6132, pero todos han resultados fallidos porque no se ha podido concretar la voluntad de los políticos.

Esperemos que ahora sí se pueda lograr liberar a los periodistas de la presión de escribir pensando que podría ir preso si a alguien le cae mal lo que escribe y lo acusa de difamación e injuria”.

NAMPHI RODRÍGUEZ, PRESIDENTE FUNDACIÓN PRENSA Y DERECHO. “La Sentencia el Tribunal Constitucional sobre libertad de expresión corona 50 años de lucha democrática de la sociedad dominicana por consagrar un sistema de derechos y garantías que aseguren el ejercicio del juego de las ideas y del pluralismo político, pero hace falta mucho más. La Acción de la Fundación Prensa y Derecho y de los directores de diarios Miguel Franjul, Rafael Molina Morillo y Osvaldo Santana ante el Tribunal Constitucional ha permitido poner fin a un enojoso sistema de responsabilidad delictiva en “cascada” que imputada a terceros los delitos cometidos por otros”.

OLIVO DE LEÓN PRESIDENTE DEL CDP. “El Colegio Dominicano de Periodistas considera urgente una discusión nacional para la modificación de la Ley 61-32, además de que establezca los derechos de los ciudadanos a expresarse libremente y el derecho a la intimidad y al buen nombre.

Trabajamos aceleradamente en el primer borrador de un proyecto para someterlo al diálogo con los ejecutivos de medios de comunicación y de la sociedad civil. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática.

Es indispensable para la formación de la opinión pública”.

MILTON RAY GUEVARA, presidente del Tribunal Constitucional La sentencia TC/0075/16 se adiciona a la juridisprudencia de vanguardia del TC en materia de derecho a la libertad de expresión e información, el cual ha analizado diversas vertientes de este importante derecho fundamental. El rol de la pena en la sociedad es primordial, pues la libertad de expresión es un derecho fundamental de doble dimensión, individual y colectiva. Es justamente la dimensión colectiva la que da fundamento a la prensa libre y el Estado social y democrático de derecho. La existencia de un régimen de responsabilidad penal vigilando para los directores de medios de comunicación, en relación a los delitos cometidos por los editores o sustitutos, impresores o autores subalternos, lesionaba el principio de la personalidad de la pena al presuponer una forma de responsabilidad penal por otro.

Anteproyectos Desde el primer período del ex presidente Leonel Fernández (1996-2000) los periodistas Namphy Rodríguez, Miguel Franjul, Osvaldo Santana y Rafael Molina Morillo procuran que se produzca una sustancial reforma de la Ley 6132 sobre Libre Expresión y Difusión del Pensamiento.

E l primer anteproyecto fue entregado durante el período de transición del segundo mandato del doctor Fernández, en el año 2000.

El mandatario dejó aprobada la decisión de someter ese proyecto al Congreso Nacional y ésta quedó en manos del Presidente sucesor, el ingeniero Hipólito Mejía.

El Presidente entrante, líder entonces del Partido Revolucionario Dominicano, lo envió a las cámaras legislativas y sólo pasó entre los diputados. Ese anteproyecto incluía el libre acceso a la información pública, iniciativa que luego asumió el senador José Tomás Pérez para su Pro- yecto de Ley de Acceso a la Información, el cual fue aprobado en el 2004.

Posteriormente, en el período gubernamental de Leonel Fernández en el 2008- 2012, se conformó una comisión de periodistas y juristas para elaborar al menos cinco proyectos, a fin de integrar el Código de las Comunicaciones.

Pero quedó natimuerto.

Ahora se pretende que un nuevo anteproyecto de ley vuelva al Congreso para ser discutido a la luz de las nuevas realidades de la era de la información. Abarca, incluso, la internet, publicidad y las telecomunicaciones.

CRONOLOGÍA Demandas por difamación en injuria contra directores de medios de comunicación por responsabilidad en cascada .

2016 Demanda por difamación e injuria del senador Félix Bautista contra el periodista Juan Tomás Hernández y el propietario y director de la emisora Z-101.

2015 Demanda contra los periodistas Héctor Tineo, Guillermo Tejada y Héctor Herrera Cabral incoada por Pepe Goico por declaraciones en un programa por el diputado del PRD, Geovanny Tejada. Después de varias audiencias, el demandante desistió de la demanda contra los comunicadores

2014 1- Demanda de una dirigente comunitaria de Barahona, Virtudes Acosta, contra el director del periódico Hoy, Bienvenido Álvarez Vega, por nota escrita por el corresponsal Teudy Sánchez (ahora fallecido) sobre un allanamiento realizado por la PN en residencia de la demandante.

2- Demanda de la senadora de Dajabón Sonia Mateo contra director del medio digital Dakaboncity por publicar declaraciones de un profesor que denunció que la legisladora lo había amenazado.

2013 Demanda contra el director del periódico digital Ciudad Oriental, Robert Vargas, junto a un periodista, por el diputado Alfredo Martínez.

2012 Demanda del ex presidente Hipólito Mejía contra el director del periódico El Caribe, Osvaldo Santana, por informaciones emitidas por el senador Wilton Guerrero sobre el ex mandatario. El legislador también fue demandado. La SCJ anuló la demanda y declaró inconstitucional el artículo 46 de la ley 6132 que establece que los directores y editores de los medios son los autores principales del hecho en las demandas por difamación e injuria.

2008 Demanda del ex gobernador del Banco Central José Lois Malkún contra el director de Listín Diario, Miguel Franjul, junto al periodista Ramón Benzán, por rectificación de una información sobre las actuaciones de un juzgado de la Instrucción en el caso de la querella presentara Ramón Báez Figueroa en su contra.

2007 Demanda del entonces ministro de Turismo, Felucho Jiménez contra el director de El Caribe, en esa fecha, Manuel Quiroz. Luego retiró la querella, pero la mantuvo contra el periodista Daniel García Archival, que publicó la información o emitió el juicio considerado difamatorio.

2005 Demanda del presidente de la Academia de Ciencias, Mario Bonetti, contra el director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada, y la empresa Omnimedia. Un tribunal anuló esa demanda.

2001 Demanda por difamación e injuria del empresario panameño, Abdul Mohamed Waked Fares, al director de Ultima Hora, Ruddy González y a uno de sus ejecutivos, Eduardo Pellerano.

Público. Periodistas, propietarios de medios, juristas, académicos, jueces, estudiantes e interesadas en el tema, participaron en el panel.

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