Una lucha contra el silencio

Navegando contra la corriente, los periodistas de América Latina continúan la lucha para que se entienda que su profesión implica detectar información de interés para la gente y hacer una noticia, pero también investigar lo que está pasando a su alrededor, analizar los datos obtenidos, cuestionar acciones que entiende afectan a las mayorías, denunciar casos y plantear soluciones.

Hoy, Día de la Libertad de Prensa, se rinde honor a los comunicadores que han caído tratando de explicarle esto al mundo, y se le da un soplo de aliento a los que cada día arriesgan sus vidas en países donde los gobernantes, narcotraficantes y delincuentes no quieren que los “observen”.

Miles de voces del reporterismo claman porque se sepa que este oficio puede tener un perfil informativo e igualmente interpretativo y que existe una licencia para explorar “lo que huele mal” y decirlo con pruebas o con consideraciones personales, que es lo que en este caso se llama opinión. Eso es legítimo.

Es así como muchos periodistas llegan a especializarse en el aspecto político, social, económico, cultural, científico, ambiental, deportivo o de guerra, entre otros temas, sin que esto implique o se malinterprete como una preferencia por “destruir la imagen” de determinadas personas o sistemas de gobierno.

Los distintos medios de comunicación, como periódicos, televisión, radio o Internet hacen que las informaciones lleguen a las mayorías y que, inclusive, motive la extensión de los mensajes en las redes sociales, por lo que censurar, condenar y cerrar una empresa periodística, como ocurre en algunos países de la región, es algo ilegal.

Ante la fuerte influencia que el periodismo ejerce en la sociedad, en su intento por garantizar el sano desarrollo y evolución de la humanidad, se le considera como el cuarto poder y se convierte, en las mentes de quienes así lo creen, en una amenaza contra la “imagen” de quienes se sientan amenazados y, por ende, en una vulnerabilidad para la prensa.

Para contrarrestar esta situación, el 11 de marzo de 1994 fue emitida la Declaración de Chapultepec, que en su artículo 4 establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.

((Defensa de estos derechos En la más reciente reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Punta Cana, se presentó un informe que precisa que desde octubre de 2015 a abril del 2016 (6 meses) han resultado asesinados 12 periodistas, de los cuales cuatro eran de Brasil, cuatro de México, y uno en Colombia, igual que en El Salvador, Guatemala y Venezuela.

Se resolutó condenar los asesinatos de los periodistas Jo„o Valdecir de Borba, Orisl‚ndio Timoteo Araújo, Ítalo Eduardo Diniz Barros e Israel GonÁalves Silva, de Brasil; Moisés Dagdug Lutzow, Anabel Flores Salazar, Reinel Martínez Cerqueda y Marcos Hernández Bautista, de México; Dorance Herrera de Colombia, Nicolás Humberto García de El Salvador, Mario Roberto Salazar Barahona, de Guatemala, y Ricardo Durán, de Venezuela.

Se exhortó a los gobiernos y autoridades correspondientes de Brasil, México, Colombia, El Salvador, Guatemala y Venezuela a que apliquen con rigurosidad la justicia para esclarecer los móviles de los asesinatos, dar con los culpables y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

La SIP afirmó que las agresiones contra los periodistas en todas sus manifestaciones constituyen una amenaza a la libertad de expresión y pidió a sus miembros fomentar la cultura de la denuncia contra la violencia y la impunidad de los crímenes contra periodistas.

((La realidad Estas acciones son las que humanamente pueden hacer un organismo alrededor de 300 medios de comunicación y periodistas asociados ante el desconocimiento de derechos de la libertad de prensa en la región latinoamericana, donde persisten los crímenes descabellados para acallar las voces informativas, impunidad, amenazas, represiones, restricciones, fomento de leyes que atentan contra esta profesión y los procesos democráticos en sentido general.

Por suerte no todo ha estado perdido. En Argentina, Cuba, Paraguay y República Dominicana, por ejemplo, se indican cambios positivos, según el documento conclusión de la referida reunión de la SIP, redactado por el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la entidad, Claudio Paolillo.

En Argentina el nuevo gobierno presidido por Mauricio Macri ha dejado la agresión contra la prensa independiente y también eliminó la subvención de publicidad oficial para medios relacionados o amigos del gobierno. Además, se presentó un proyecto de ley de acceso a la información pública.

En Cuba, si bien en otros aspectos tiene mucho para mejorar, el tratamiento hacia la prensa internacional se ha suavizado tras la normalización entre las relaciones entre Washington y La Habana.

En tanto que en Paraguay la extradicción del presunto autor material del asesinato de Pablo Medina y su asistente es un triunfo contra la impunidad. Paraguay también ha promulgado una ley de acceso a la información pública que establece que a partir de marzo todas las instituciones tienen que publicar salarios, viajes oficiales hasta contratos en un portal público, fortaleciendo así la transparencia.

En República Dominicana el Tribunal Constitucional eliminó parcialmente la criminalización de la difamación de la ley de expresión y pensamiento, pero todavía se mantiene en el Código Penal.

((Países catastróficos Entre los países con un irrespeto total a la libertad de prensa está México, donde las agresiones a periodistas y medios de comunicación provienen mayormente del narcotráfico. Esto con el agravante de la falta de respuestas y protección del Estado, que también censura e ignora los problemas de la prensa, básicamente los casos de mujeres víctimas (84 casos en los últimos seis meses) de hostigamiento y acoso sexual hasta desprestigio en las redes sociales.

En Colombia prescribieron dos casos de asesinato, dando espacio a la impunidad, mientras que en Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador y Venezuela la censura, restricciones, presiones y amenazas contra medios de comunicación, sus dueños o sus periodistas no cesan. En Venezuela, además sigue el acoso y la persecución para silenciar a los periodistas críticos, mientras el Estado continúa incumpliendo con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restituir la señal de Radio Caracas Televisión.

Otras restricciones como el suministro de papel para publicar los periódicos -impuestas por el Gobierno a través de la única empresa (estatal y por lo tanto monopolio) Alfredo Maneiro- ha terminado con la publicación de tres diarios en este período y hay 80 más que sopesan tomar la misma decisión.

También siguen aplicándose represiones en Cuba, donde solo en el mes de marzo hubo mil 200 detenciones, 319 durante la visita del presidente de Estados Unidos a ese país. Y en Bolivia el Estado obstaculiza la renovación de las licencias de cientos de radioemisoras privadas y la nueva ley de comunicaciones solo deja en manos privadas el 33% de las radios.

Acciones de la policía, presiones y amenazas de narcotraficantes y delincuentes organizados en pandillas, políticos locales y narcopolíticos constituyen una tendencia creciente en países como República Dominicana, El Salvador, Ecuador y Paraguay, explicó Paolillo en su informe, haciendo un llamado a no desmayar ni bajar la guardia en este sentido, aunque se haya logrado alguna mejoría.

((Los ciberataques El reporte para El Salvador es que los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sufrieron ciberataques en los que se presume hubo participación de funcionarios y personas que utilizan recursos públicos para desacreditar a los diarios.

En Ecuador, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y el Consejo de Comunicación (Cordicom) impusieron 78 medidas disciplinarias, entre multas, rectificaciones, réplicas obligatorias y amonestaciones escritas a radios, televisión, prensa y otras organizaciones.

También se registró que continúan las amenazas contra los periodistas en ese país, y el presidente Rafael Correa ha advertido que enfrentará a las redes sociales con el discurso oficialista.

La controversia entre derecho a la privacidad y la seguridad nacional, y el consecuente acceso a información privada, abre un debate iniciado en Estados Unidos, con el caso de Apple y otras compañías, que se niegan a decodificar los teléfonos personales a petición del Estado para facilitar el acceso a los mensajes encriptados de teléfonos inteligentes.

En Trinidad y Tobago inquieta un proyecto de ley sobre cibercrímenes y datos personales, restricciones a la prensa y al derecho a la privacidad.

La regulación de las redes sociales en Ecuador y decisiones judiciales y proyectos de ley sobre el derecho al olvido en Colombia y Chile se abalanzan contra la libertad de prensa y el derecho del público a la información.

En Panamá los fallos judiciales contra los diarios La Prensa y Panamá América plantean un precedente negativo para la libertad de prensa y desincentivan la investigación periodística sobre asuntos de interés público. También en el estado de Virginia, en Estados Unidos, hay dos iniciativas de ley que restringirían el acceso a la información sobre funcionarios públicos.

En Nicaragua, el Gobierno desobedece la ley de acceso, al tiempo que la publicidad oficial solo se le otorga a medios propios o neutralizados, lo que crea competencia desleal. Por su parte, el Gobierno de Honduras, so pretexto de garantizar la seguridad nacional, limita el acceso a la información pública.

MENSAJE DE LA SOCIEDAD DOMINICANA DE DIARIOS Directores de diarios reclaman desmantelar normas afectan prensa La Sociedad Dominicana de Diarios saludó hoy la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa ratificando su compromiso de luchar para que, en un futuro no muy lejano, sean desmanteladas todas aquellas normas jurídicas que aun constituyen trabas para el ejercicio de esa libertad en nuestro país.

En un mensaje al país suscrito por los directores de los ocho periódicos miembros, la SDD afirma que el carácter estratégico que tiene la prensa en un Estado democrático “no admite la aplicación de normas en su contra ni mucho menos regulaciones sobre los contenidos de los distintos medios”.

Y advierte que “todo intento por tutelar esa libertad, desde cualquiera de los poderes del Estado, es inadmisible para los diarios que formamos parte de la SDD y atenta contra el pluralismo democrático y abre vías al totalitarismo”.

A continuación, el texto completo del mensaje de la SDD: Al cumplirse este 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Sociedad Dominicana de Diarios ratifica su compromiso de luchar por todos los medios para defender y hacer valer el principio de que sin libertad de prensa no habrá sociedad libre y democrática.

A través de un ejercicio responsable de esa libertad contribuimos a crear las condiciones para que la construcción de la democracia sea un proceso irreversible en nuestro país, sobre la base del respeto a los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos que ningún poder puede enajenar.

Por fortuna, la mayoría de los dominicanos ha ido asumiendo la importancia de vivir en una sociedad en la que el acceso a la información pública, su derecho a emitir, conocer y debatir todas las ideas sin restricciones, a reclamar transparencia y leyes justas, formen parte del entramado ideal para la convivencia social. El carácter estratégico que tiene la prensa en este estado ideal no admite la aplicación de normas en su contra ni mucho menos regulaciones sobre los contenidos de los distintos medios que promueven el desarrollo de esta libertad, madre de las demás libertades.

Todo intento por tutelar esta libertad desde cualquiera de los poderes del Estado es inadmisible para los diarios que formamos parte de la SDD y atenta contra el pluralismo democrático y abre vías al totalitarismo. Esto cabe también para aquellos otros sectores que tienen incidencia en la vida del país y cuyos intereses se ven expuestos a menudo al escrutinio de la prensa, que sólo procura el imperio de la transparencia.

Aunque esta libertad de prensa está consagrada en la Constitución, es preciso recordar a todos aquellos que ejercen o aspiran a ejercer posiciones en cualquiera de los poderes del Estado que sus funciones no conllevan ningún privilegio especial para ignorar o irrespetar los fundamentos esenciales de este derecho o para promover medidas que lo coarten o lo limiten.

Aprovechamos el contexto que suscita la significación de esta fecha para ratificar nuestra aspiración de que en un futuro no lejano sean desmanteladas todas aquellas normas jurídicas que todavía representan trabas y resabios autoritarios de épocas superadas, permitiendo así la existencia de un clima más pleno y menos vulnerable de la libertad de prensa en nuestro país.

Mensaje del presidente de la SIP Pierre Manigault, presidente de la SIP. The Post and Courier, Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos.

Este año celebramos junto a la UNESCO el Día Mundial de la Libertad de Prensa enarbolando el lema: “El acceso a la información y a las libertades fundamentales: ¡Es tu derecho!”, con la aspiración de crear una cultura de apertura y transparencia que permita a las sociedades ser cada vez más democráticas.

Lamentablemente, no en todos los países de la región se camina al mismo ritmo y persisten cortapisas a la solicitud de acceso a la información y prácticas demagógicas de los organismos públicos. En países como Venezuela, Argentina, Bolivia y Costa Rica, no existen leyes de acceso a la información, aunque en algunos de ellos se analizan iniciativas de ley.

En nuestras conferencias, junto al problema de la violencia, el acceso a la información es el asunto que mayor debate atrae. Punta Cana no fue la excepción.

En Ecuador, el gobierno bloquea el acceso a la información, cuya Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2004 quedó sin efecto con la aprobación de la ley mordaza en 2013. Una situación similar ocurre en Nicaragua, donde el gobierno ignora la Ley de Acceso vigente desde 2008, mantiene a raya y presiona a los periodistas y medios a través de la distribución discriminada de la publicidad oficial.

En Honduras, con la excusa de garantizar la seguridad nacional, el Gobierno, la Policía y la Fiscalía limitan el acceso a la información pública, y en Puerto Rico las autoridades entregan información fragmentada y el acceso a la información oficial enfrenta cada vez mayores obstáculos.

La tensión entre el gobierno y la prensa ha perjudicado en Barbados la promulgación de una prometida ley de libertad de información.

Aunque en Estados Unidos la Ley por la Libertad de la Información (FOIA, por siglas en inglés) otorga el derecho de acceso a la información federal del gobierno, la prensa y el poder están en permanente tensión y es debido a ésta que anualmente se celebra en el país la “Sunshine Week”, iniciativa destinada a educar al público sobre la importancia de un gobierno abierto y los riesgos del secretismo excesivo ante los cuales no hay que bajar la guardia.

Por ello, estaremos atentos a la discusión en la legislatura del estado de Virginia de dos iniciativas de ley para restringir el acceso de los periodistas a la información sobre funcionarios públicos.

Algunos avances se observan en la región. En Argentina los diputados discuten un proyecto de acceso a la información, pedido de larga data de la SIP y organizaciones locales de prensa. En Paraguay la promulgación de una ley de acceso a la información pública en 2014 estableció la obligación de publicar en un portal designado información sobre salarios, viajes oficiales, contratos, entre otros datos de las instituciones públicas.

Reiteramos como un desafío importante el que las iniciativas de ley de acceso a la información pública contemplen también sanciones a funcionarios que se nieguen a entregar información. Así mismo, se debe garantizar que estos estatutos estén enmarcados en los principios de apertura y transparencia, que los procesos de entrega de información sean procesos expeditos y las excepciones a la ley se establezcan previamente, tal como se consigna en el documento “Consideraciones sobre legislación de acceso a la información pública”, elaborado durante la Cumbre Hemisférica de los Congresos Nacionales de las Américas sobre Libertad de Prensa, organizada por la SIP en 2004.

Como institución nos sumamos a esta campaña global con el deseo de que todos los periodistas conviertan al hashtag #wpfd2016 en tema de tendencia (trending topic) con la idea de fomentar una cultura de apertura y transparencia.