Actitud preventiva

En estos días, la nación dominicana se encuentra afectada por una fuerte presión social que se deriva de manera particular del recrudecimiento de la violencia, el crimen y el sentimiento de inseguridad. Este sentir casi colectivo ya se ha alejado de la simple percepción para convertirse, por la frecuencia de los hechos, en una cruda realidad que toca de cerca a proporciones alarmantes de la población.

Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad han colocado literalmente a la institución policial contra la pared, pues en la mayoría de los escenarios considerados, esta aparece con una doble carga de responsabilidad frente a la ciudadanía, dado que independientemente de su evidente incapacidad para dar respuestas efectivas a la escalada de violencia y criminalidad, en cerca del 50 por ciento de los casos, miembros de la uniformada aparecen como sujetos causantes del delito.

Con sus particularidades, esta preocupante situación de violencia, crecimiento y difusión de los delitos, aumento del temor entre los ciudadanos y la consiguiente pérdida de confianza en la policía y la justicia, se viene repitiendo secuencialmente en la mayoría de los países de la región desde hace más de una década. Como resultado de este fenómeno, se estima que durante el próximo año en Latinoamérica morirán asesinadas unas 140.000 personas y otras 30.000 serán víctimas de delitos graves. Más aún, se cree que la Tasa de Victimización latinoamericana en sentido general se situará en cerca del 30%, y en algunos países podría alcanzar hasta el 50% de la población.

Según la apreciación de organizaciones regionales que estudian el fenómeno, la situación no parece que vaya a cambiar en el corto plazo, pues tanto en nuestro país como en la mayoría de los países vecinos, las perspectivas de la evolución futura del delito no parecen ser alentadoras, ya que muy por el contrario, la creciente presencia de armas, alcohol y drogas en grupos de jóvenes entre 13 y 25 años, el aumento alarmante de madres solteras y la ausencia de la figura paterna, junto a la escasez de oportunidades laborales y la ausencia o deterioro de una escala referencial de valores éticos y morales que guie a la juventud, dan forma a un panorama nada alentador al que habrán de hacer frente los gobiernos.

Alarma En el caso de la República Dominicana, la alarma ha estado sonando insistentemente desde hace varios años, y como muestra, basta dar una ojeada al informe regional del Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con rostro humano” 2013-2014, en donde salió a relucir que 64.8 por ciento de la población dominicana percibía un deterioro de la seguridad ciudadana, siendo este el índice más alto de los países estudiados en el informe.

Pero aunque la tendencia parece haber disminuido en el último año, nuestro país se encuentra entre los siete primeros países con tasas más altas de victimización por delincuencia, según los resultados del Barómetro de las Américas publicado recientemente, el cual señala que 36.1 por ciento de los dominicanos han sido víctimas de la delincuencia de hogar, porcentaje este que está por encima de las proyecciones señaladas precedentemente para la región.

En lo referente a la percepción de inseguridad, también este estudio nos coloca en la tercera posición, con un porcentaje de 55.9, mientras que en la percepción de violencia en los barrios, ocupamos la octava posición.

Con todos estos estudios como referencia y la presión del agobiante estrés social que cada día intranquiliza más a la población, parece impostergable que las autoridades “tomen el toro por los cuernos”, y se aboquen a la evaluación del problema en todas sus dimensiones y características, sin que necesariamente haya que cargar a la policía con la totalidad de la culpa, como algunos de manera irresponsable ahora pretenden, obviando que esta institución, al igual que la militar, nunca ha sido deliberante y que al tener como valor intrínseco la disciplina, es completamente moldeable a las necesidades y requerimientos de la sociedad que la sostiene y justifica.

En ese tenor, al ser de consenso la idea de reformar de manera profunda y decisiva la estructura policial de la nación, y esta facultad estar asignada por las leyes a otras instancias del Estado, nadie puede alegar la existencia de resistencia a lo interno de la institución.

Creo que simplemente hay que proceder con los cambios necesarios que el momento exige, muchos de los cuales, como lograr implantar en cada uno de sus miembros la creencia en una filosofía y doctrina institucional de prevención, que vaya de la mano con un cambio de actitud ante la presencia constante del riesgo y la amenaza del delito, pueden iniciarse sin tener que esperar la concretización de un tedioso y burocrático “plan de reforma”. Eso sí, que nadie pretenda esperar que el cambio de actitud pueda lograrse solo con una orden ejecutiva que exija disciplina y dedicación, sin antes detenerse al menos un par de minutos en analizar, por lo menos, la teoría de Maslow, para entender que los policías, como los militares, congresistas y funcionarios en general, tienen también una jerarquía básica de necesidades que deben satisfacer para estar medianamente motivados en la dura tarea de proporcionar los niveles de seguridad que nuestra sociedad reclama.

La realidad incuestionable es que esa motivación deberá estar garantizada como primera condición, para poder ser consistentes con las particularidades de una guerra en desarrollo cuyas tendencias son claras: el futuro parece que nos trae una ola de “súper delincuentes juveniles que no asignan ningún valor a su propia vida, adictos a drogas, privados de disciplina, fuertemente armados y en algunos casos organizados por los carteles de la droga”.

Por eso, creo que tenemos que modificar las tácticas de ataque, asumiendo el fenómeno de la violencia criminal como un problema interno de una nación que lucha por restaurar el clima de seguridad necesario para su desarrollo, sin pretender en ningún momento tomar como excusa el hecho de que estamos ubicados dentro de la región más violenta del mundo. Si no lo hacemos así ahora, podríamos estar condenando a nuestra sociedad a vivir bajo el asedio generalizado de la violencia criminal.

El autor es miembro fundador del Círculo Delta