Jurista pide reprender con dureza violaciones sexuales

El director general de Ética e Integridad gubernamental (DIGEIG), Marino Vinicio Castillo, consideró ayer la gran cantidad de violaciones sexuales a menores de edad como “un crimen odiosísimo que hay que reprenderlo y reprimirlo con gran severidad”. “Ojalá los aplicadores se hagan cargo de esa preocupación”, agregó. El jurista aseguró que el Código Penal nuevo trae sanciones más severas para estos y otros casos, aunque especificó que el problema es saber si los aplicadores y los manejadores de los procedimientos van a asumir su responsabilidad. “Yo, cuando me hablan de penas altas, yo digo, no, no, pónganmelas menores, pero que las cumplan”, agregó. Ayer LISTÍN DIARIO reveló en una investigación periodística que en los últimos tres años han entrado a los tribunales del país 869 casos de violaciones sexuales de menores de edad, a razón de casi uno por día. Cifras ofrecidas por la División de Estadísticas Judiciales del Consejo del Poder Judicial indican que desde el 2012 hasta los primeros ocho meses del presente año fueron fallados también 614 de esos casos, equivalentes a 71%. Una elevada proporción de esos casos caen en la categoría de incesto. AcuerdoCastillo se refirió al tema al concluir la firma de un convenio con el director del Ministerio de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, con el que se permitirá que los ciudadanos denuncien sus incomodidades cuando reciben algún servicio público. Al mismo tiempo, ambos funcionarios explicaron que con esto se permitirá identificar las instituciones que no brinden una atención apegada a la ética y a la calidad requerida, lo que también propiciará que se empleen las medidas necesarias para cambiar esa realidad. “Estamos creando la base para que los ciudadanos tengan un buen servicio público. Que tengan los canales para expresar alguna insatisfacción”, comentó Ventura Camejo, al reflexionar que todavía falta un largo trecho por recorrer en este tema. Mientras, Castillo atribuyó algunas fallas en el sistema de atención pública a las luchas políticas que desencadenan la sustitución de ciudadanos en los que el Estado invierte.