El Proyecto de Ley de Salarios para el Sector Público se ha convertido en uno de los temas de agenda más controversiales del período de transición. Si bien es cierto que se hace necesario eficientizar la política del gasto público, para contribuir a la reducción del déficit del sector público, es preciso que todos los entes actuantes entiendan que esa reducción de gastos debe materializarse dentro de las partidas de gastos que conforman el Presupuesto Nacional.

De ahí que cobre sentido el planteamiento original del referido proyecto de Ley, de que queden excluidas taxativamente del mismo, aquellas instituciones que no dependen del presupuesto nacional para cubrir sus gastos, tales como el Banco Central, el Banco de Reservas, el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción, el Banco Agrícola y la Superintendencia de Bancos, en vista de que tienen sus propios mecanismos de financiamiento, es decir, autonomía presupuestaria para esos fines, y que por tanto no cargan gastos para sí, al Presupuesto Nacional.

En otras palabras, si lo que se busca es reducir los gastos de ese Presupuesto, en nada contribuirá incluir a las referidas instituciones del Estado a acogerse a dicho Proyecto de Ley, pues no tendría impacto presupuestario alguno. Por el contrario, una decisión de esa naturaleza podría provocar una estampida de cerebros que asimilaría el sector privado en detrimento del sector publico, generando con ello una serie de distorsiones y perturbaciones en el mercado, que podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica de la Nación y la de las entidades públicas del sistema financiero nacional.

Pero más aún, existen razones de índole constitucional más contundentes todavía, que impiden que las citadas instituciones, sobre todo el Banco Central, sean incluidas en el referido Proyecto de Ley. El precepto clave de la Carta Magna que sustenta tal exclusión lo constituye el Artículo 225, que consigna la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa del Banco Central, ente con personalidad jurídica y patrimonio propio...”, lo cual se complementa con el artículo 6 literal c) de la Ley Monetaria y Financiera, en el que se indica que los salarios de dicha institución deben ser competitivos y de mercado, es decir, referenciados a los del sector financiero al cual regula, dada la alta especialización que se requiere para manejar las delicadas funciones del ente emisor y dirigente de las políticas tendentes a garantizar la estabilidad macroeconómica.

Bajo ese tenor, osar con incluir a estas instituciones en ese Proyecto de Ley, cuya iniciativa es sana y necesaria porque organiza y homologa la estructura salarial de aquellas instituciones del gobierno que sí dependen del Presupuesto Nacional, sería entrar en un terreno con evidentes visos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Por las razones expuestas, claramente válidas desde el punto de vista presupuestario como desde la orbita constitucional, hacemos un llamado a la prudencia y a la sensatez, tanto a los legisladores como a las instancias de mando, pues sería muy lamentable que la ejemplar gestión del Excelentísimo Sr. Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández Reyna empañara su cierre de “broche de oro”, con un desacierto como éste, pero sería más penoso aún, que el Presidente Electo, Lic. Danilo Medina, iniciara la suya con el “pie izquierdo”, en momentos en que en el país existen tantas expectativas favorables en torno a  las efectivas acciones y estrategias que éste implementaría desde el inicio de su mandato, con miras a seguir trillando ese camino que nos lleva al fortalecimiento institucional, al progreso y desarrollo económico con equidad social, que aspiramos todos los dominicanos.