Fue aplazado para el 18 de julio el conocimiento de la medida de coerción contra Amalfi Altagracia Tavares y Carlos Julio Alcántara (Cacalo), acusados de trata, explotación sexual y comercial de niñas y adolescentes del barrio Cienfuegos, Santiago, en un prostíbulo de San Cristóbal.

Ayer, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por las dificultades para sostener los casos sobre trata para fines de explotación sexual y comercial de niñas y adolescentes.

Raquel Rivera, de la Coordinadora de Mujeres del Cibao, informó que las niñas víctimas de explotación sexual, supuestamente, han sido amenazadas por los abogados de los imputados y por eso han desestimado las querellas.

“No podemos quedarnos indiferentes ante la explotación de las niñas. Esa banda organizada las acosa, las amenaza, les ofrecen recursos y poco a poco las acorralan”, indicó Rivera, acompañada del pastor Pablo Ureña, quien dijo que este caso deja claro que la niñez “está desprotegida por el Estado”.

Según Manuela Vargas, del Núcleo Apoyo de la Mujer, unas cien niñas pobres de Cienfuegos fueron identificadas como víctimas de trata y eran llevadas por Tavares para ser explotadas en un prostíbulo de San Cristóbal, administrado por su esposo Carlos Julio Alcántara.