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TRIBUNA ABIERTA

Corrijan las pensiones

En agosto de 1999 nace en la República Dominicana la Ley 85-99, que crea el programa PARNI y que va en auxilio tanto de los atletas activos como de los retirados. En ese momento la Ley se vio como la panacea para los atletas que habían rendido jornadas brillantes en sus respectivos deportes y que no tenían recursos económicos ni seguridad de vida. Los dominicanos, aun los más preclaros, no se daban cuenta de que el mundo, y con él el deporte, estaban cambiando vertiginosamente. No alcanzaban a ver que ya desaparecía la ordenanza del Comité Olímpico Internacional que prohibía la participación de atletas profesionales en sus competiciones. Desaparecía así el deporte amateur y se dejaba sin efecto la prohibición a pagar al atleta, permitiendo desde entonces la comercialización. Había nacido un nuevo orden en el deporte a nivel mundial que cambiaría por completo la vida de los grandes atletas. Hasta ese entonces los atletas dominicanos provenían de los extractos sociales más empobrecidos y cuando concluía sus carreras en su mayoría pasaban a ser “desechos sociales”, deambulando por las calles y pidiendo migajas para seguir malviviendo junto a sus familias. Eran inmortales o glorias deportivas desempleados, en muchos casos muertos de hambre, enfermos sin atención médica y sin medicamentos, de los que solo se recordaban historietas narradas en los centros de competencias y en los medios de comunicación. Las voces de grandes deportistas, como Roque Napoleón Muñoz, José Joaquín Puello, Whiche García Saleta y otros tantos encontraron eco en los periódicos y la radio de entonces, lo que parió en octubre de 1999 lo siguiente: Ley No. 85-99, que otorga pensiones del Estado a toda persona que haya sido exaltada al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, y a aquellos atletas que hayan logrado poner en alto el nombre de la República, tanto en el país como en el extranjero. Y en esa Ley el artículo 1 establece: “Se otorga una pensión del Estado equivalente a cinco (5 ) salarios mínimos mensuales a toda persona que haya sido exaltada al Salón de la Fama del Deporte Nacional”. Pero nuestros líderes deportivos y los políticos no se habían dado cuenta de que el mundo había cambiado y con él las reglas olímpicas. El deporte había dejado de ser amateur y los campeonatos, las olimpíadas y demás, ya eran espectáculo donde los grandes protagonistas son los seres humanos que individualmente más dinero ganan en el mundo. Hoy, los atletas reciben de los gobiernos y de los sectores empresariales millonarios premios por cada medalla o participación considerada destacada, y la élite de cada deporte tienen jugosos contratos que les reportan millones de dólares, euros y pesos, como ocurre con las voleibolistas, tenistas, baloncestistas, beisbolistas, boxeadores, futbolistas y todos los demás. Esos atletas resuelven sus problemas de vida con uno o muy pocos años de participación en eventos, sean bajo la ordenanza olímpica o no. Por lo que en lugar del Estado dominicano honrarse otorgándole pensiones económicas a la mayoría de los atletas que están llegando a la inmortalidad, con su acción se burla de quienes pagamos los impuestos. Esa ley tiene que ser rápidamente revisada y adaptada a los nuevos tiempos. No tengo dudas de que ningún pelotero de ahora y las voleibolistas que mañana serán inmortalizadas, para poner solo dos ejemplos, necesitan de una pensión del Estado dominicano y mal hacemos con mantener ese dispositivo legal. Demos a Dios lo que le pertenece y al César lo suyo. De no revisar la Ley 85-99 muy pronto pagaremos una pensión a Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Sammy Sosa, Pedro Martínez, todos multimillonarios en dólares, con grandes fortunas bien ganadas y mejor administradasÖ ¡qué bueno!. Por eso nos atrevemos a pedir al Presidente Danilo Medina; a la licenciada Cristina Lizardo y al licenciado Abel Martínez, que estudien una iniciativa que pueda encaminarse a enderezar el buen sentido que primó en la conformación de la Ley 85-99, pero cuyas condiciones ya desaparecieron. En Deporte también tenemos que “corregir lo que está mal”. Mano a la obra, legisladores, Señor Presidente.

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