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Editorial jueves, 16 de marzo de 2017
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Sométanse a la transparencia

Los partidos políticos, desde cualquier esfera del poder, son propensos a imponer leyes y normas al resto de la sociedad, pero nunca admiten autorregularse.

Por eso el país no tiene una ley de partidos ni mucho menos una legislación electoral que, de forma y fondo, fije reglas claras al sistema partidario para protegerlo de todos los elementos que hoy lo contaminan y lo desacreditan.

Prácticas antidemocráticas, manejos opacos de sus finanzas, vulnerabilidad a la penetración de personajes vinculados al crimen organizado, debilidades éticas, compra de votos o atracción de tránsfugas, son algunas de sus características.

Al no existir por ley un conjunto de restricciones a este ejercicio tan soberano, libre y desregulado de sus quehaceres, se origina una anormalidad en el estado de derecho  pues fomenta una casta privilegiada que está fuera del alcance de las normas generales aplicables a la sociedad en su conjunto.

En América Latina rigen legislaciones electorales y de partidos que contemplan positivas reglas de conducta para las organizaciones que están llamadas a alimentar y fortalecer el sistema democrático y a proveer los liderazgos más idóneos en las instituciones del Estado, en elecciones transparentes.

Pero aquí no tenemos esa visión. Aquí perpetuamos modelos de organización que contradicen las aspiraciones  más elementales del sistema democrático, haciendo que los partidos sean entidades solo interesadas en alcanzar las mayores fuentes del poder para sus propias clientelas, no para favorecer el interés general.

Es una ironía que sean los representantes de los partidos, electos para las posiciones de mando en los distintos poderes del Estado, los protagonistas de tantos escándalos de corrupción, de negocios turbios y otras violaciones a las leyes que están llamados a hacer valer.

La fuente de la impunidad en la que siempre han operado  sigue viva y protegida mientras la sociedad no sea capaz de imponerles a los partidos, gústele o no les guste, las debidas regulaciones y restricciones que aplican para otras entidades tan importantes y vitales como ellos en una sociedad democrática, legalista, institucionalizada y transparente.

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