El TC se merece un local digno
A punto de cumplir cinco años de instituido, todavía el Tribunal Constitucional, uno de los órganos más relevantes del Estado moderno dominicano, funciona en un local inadecuado que constriñe su labor operacional y achica su intrínseca dignidad.
Funciona en dos pisos del edificio que pertenece al Instituto Dominicano de Estabilización de Precios, en los entornos de la Plaza de la Bandera de las avenidas Luperón y 27 de Febrero, una incómoda cohabitación si diferenciamos los roles de ambas entidades, diametralmente distintos.
La suerte es que el Tribunal Constitucional no ha perdido su propia majestad, pues en cinco años y trabajando en condiciones de estrechez y precariedades físicas ha podido emitir más de 1,800 sentencias apuntalando derechos de los ciudadanos que antes se violaban sistemáticamente y convirtiéndose en un escudo de la institucionalidad.
Los magistrados tienen que apiñarse en una salita destinada al Pleno para dedicar largas horas al examen y fallo de los innumerables expedientes; la carencia de baños provoca que tanto jueces como abogados y el resto del personal haga filas para atender necesidades; el sistema energético se interrumpe a menudo y para archivar expedientes y documentos han tenido que alquilarse furgones.
¿Cómo es posible que permitamos tal desguarnecimiento?
El Tribunal Constitucional fue creado por la Constitución como el primer y único garante de su propia letra y fondo, protector del orden que la Carta Magna establece para regimentar a la sociedad y a los órganos del Estado y protector, también, de los derechos individuales y colectivos de todos los ciudadanos.
Su responsabilidad, como se ve, es suprema, pero para ejercerla y cumplirla cabalmente necesita de un local más amplio, más apropiado para sus necesidades y más acorde con la dignidad de una alta corte que, dicho sea de paso, comienza a recibir miles de acciones directas o sentencias impugnadas de otras jurisdicciones del sistema judicial sobre las cuales tiene que pronunciarse mediante fallos irrevocables y vinculantes para toda la sociedad.
Al permitir que siga confinada en el reducto físico en que ha estado por cinco años estamos reflejando un pobre concepto sobre la enorme dimensión humana, política e institucional sobre la única plataforma que la propia Constitución se ha dado para que sea base de su existencia y sostenibilidad.
¡Qué pena!