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Ley de armas

Tras una dilatada espera de diez años en las cámaras legislativas, al fin el país cuenta ya con una nueva Ley para regular el porte y tenencia de las armas de fuego, pieza clave en la lucha contra la delincuencia rampante.

Con armas de fuego, legales o ilegales, se han cometido miles de asesinatos, atracos, suicidios y acciones intimidatorias contra los ciudadanos, por lo que ahora el nuevo marco jurídico brinda a la sociedad la primera oportunidad seria de contrarrestar la violencia y la delincuencia que se ha apoyado en el uso de estos artefactos.

No se tiene todavía una idea exacta del número de armas ilegales en poder de la población, pero hay que imaginarse que es demasiado alto cuando se comprueba que estas están presentes en casi todos los registros delictivos.

Un arma de fuego es un instrumento “de trabajo” infaltable entre atracadores, secuestradores, sicarios, pero también entre ciudadanos que se ven obligados a adquirirlas para defensa personal y de sus propiedades, ante el desbordado incremento de la delincuencia.

Con sus penas reforzadas para castigar con prisión a quienes portan armas ilegales, el Estado tiene en sus manos un instrumento legal y una razón fundamental para iniciar de inmediato un plan de legalización y, sin más pérdida de tiempo, de desarme de los que las tienen con fines malévolos.

En la estrategia de lucha contra las armas ilegales no debería faltar la norma de no conceder libertad con fianza ni con otras suaves medidas de coerción a quienes las portan y las usan, como un disuasivo necesario.

Si ya el Estado, por vía del Congreso, dio un paso decisivo para ir eliminando un factor de alta letalidad humana, el resto del esfuerzo debe recaer en primer lugar en la justicia y la Policía Nacional y, en segundo lugar, en la voluntad de la sociedad de asumir el desarme como un objetivo prioritario en la construcción de una paz y una seguridad ciudadana que siempre hemos anhelado.

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