Que cese la agonía electoral
La ley tiene abiertos sus canales para dirimir, en un ambiente libre de añagazas, las impugnaciones que han hecho algunos candidatos a los resultados de las votaciones generales del pasado domingo en distintas localidades, y de esa manera le ponemos punto final a la agonía electoral que estamos viviendo.
La mejor manera de organizar una culminación del proceso, ahora en fase de escrutinio manual de más de 12 millones de boletas, es que los partidos o sus delegados en las distintas mesas, provistos respectivamente de sus actas de votación, las confronten con espíritu conciliador.
Donde haya que rectificar o anular, que se haga. Pero que sea siempre sobre la base de la confrontación visual de las actas oficiales, las mismas que cada uno de los delegados recibieron al finalizar el conteo en sus mesas y que fue enviada a las juntas municipales, en unos casos, o a la Junta Central Electoral, en otros.
Tanto la ley electoral como la Constitución de la República, que creó el Tribunal Superior Electoral, señalan taxativamente todas las opciones que existen para dilucidar las quejas que tengan los partidos o candidatos, por lo que de ningún modo deben permitirse las provocativas y violentas manifestaciones que han montado algunas turbamultas frente a las sedes de las juntas electorales, para intimidar a sus integrantes o presionarlos al máximo a decidir en función de sus exigencias.
En algunos de esos lugares, pocos, en realidad, si se toma en cuenta que operaron 16,670 colegios electorales en el país y en el extranjero, ha ido bajando la tensión una vez que candidatos reconocieron su derrota.
Pero la persistencia de grupos de mantener estos conatos de presión, ignorando que por encima de ellos debe prevalecer el imperio de la ley, ha creado desasosiegos en aquellos sectores de la sociedad que están siendo afectados por estas protestas.
Los ciudadanos concurrieron a las urnas con mucho entusiasmo y orden. Lo hicieron confiando en su modelo organizativo y en la transparencia y prontitud de los escrutinios y al votar estaban optando, claramente, por un fortalecimiento del sistema democrático y más que nada de la institucionalidad nacional.
Nadie puede contaminar este gran consenso nacional azuzando presiones ni ejerciendo violencias irracionales y desmesuradas sobre un tribunal que todavía no ha completado la revisión y conteo de todas las boletas, todo lo cual genera una especie de agonía electoral que ya es tiempo de superar.
Ganadores y perdedores tienen el compromiso moral con la nación de defender la institucionalidad y la estabilidad y la paz social y este es el justo momento para que demuestren que concurrieron a la competencia con estas intenciones... y no con otras.
Tienen que llamar a la cordura a todos sus seguidores para que abandonen las actitudes levantiscas y acepten dirimir las diferencias en los espacios que la ley abre para ellas. Ese es el imperativo nacional, al que nadie debe negarse ni sustraerse.