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Unidad y gobernabilidad

El trabajo de dirigir a este país no está únicamente bajo la responsabilidad del Presidente de la República. Otros poderes del Estado comparten la gobernabilidad en grados distintos y son compromisarios en el objetivo estratégico de hacer que el país progrese y que lo haga bajo un marco de estabilidad y de paz.

Las elecciones generales recién celebradas simplemente constituyen un mecanismo para reactualizar ese esquema de gobernabilidad nutriéndose de figuras que fueron postuladas por diferentes partidos para desempeñar los más de 4 mil cargos públicos puestos en juego en esta contienda cívica.

Estos espacios serán ocupados, desde el 16 de agosto, por personas que representan una diversa gama de partidos y desde entonces sus responsabilidades supremas son con la nación y sus objetivos estratégicos; con la ciudadanía, en sentido general, y no preponderantemente con las organizaciones que los postularon.

Esto quiere decir que mientras al Presidente de la República le caben unas responsabilidades bien explícitas en la Constitución, a los legisladores, alcaldes y regidores también les corresponde, en sus respectivos ámbitos, tareas que sólo son propias de ellos y que deben cumplir en unos ámbitos de autonomía y jurisdicciones inviolables.

El gobierno de las provincias, con sus municipios, está muy repartido. Maneja sus finanzas, sus ingresos, sus cobros de impuestos y sus medidas de gobernabilidad con plena autonomía. El Gobierno nacional, a su vez, tiene sus propios límites, como los tiene el Congreso, el poder judicial, el poder electoral y el poder auditor, cada uno también en disfrute de autonomías financieras.

Para que el país marche por el mejor camino, tiene que producirse un buen entronque entre cada uno de estos poderes, una buena interrelación y cooperación y, por supuesto, contar con los recursos humanos que se consideren aptos para cumplir con estas responsabilidades compartidas.

Como en las competencias electorales ganan unos y pierden otros, toda controversia o todo desacuerdo debe de dirimirse en los escenarios que la ley provee, no en las calles al conjuro de lo que se les ocurra a quienes no tuvieron suerte en sus empeños electivos. Lo que ha habido es una competencia, no una guerra para enterrar las hachas en los cuerpos de los contendientes.

Por lo tanto, constituye una insensatez que tras un proceso ejemplar, reconocido así por los observadores internacionales y por la mayoría de la ciudadanía, algunos pretendan promover discordias o venganzas agazapadas para empañar el resultado final, ignorando que el nuevo ciclo de gobernabilidad compromete a los candidatos ganadores que representan a la mayoría de los partidos contendores, no a un partido en particular.

Esta es la lógica que debe mover a todo el liderazgo político nacional a propiciar un clima de concordia, de avenencia, de compromiso con el destino nacional para que entremos en un nuevo cuatrienio con poderes que actúen en consonancia y en unidad de miras para seguir avanzando y fortaleciendo el sistema democrático y el esfuerzo por el bienestar general.

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