Santo Domingo 23°C/23°C clear sky

Suscribete

Otra atrevida e inaceptable injerencia

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le ha ido la mano en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, al dar por verdades absolutas muchas de las falacias que han sido propaladas para echar por el suelo el fallo del Tribunal Constitucional 168-13 y la subsiguiente ley de regularización de extranjeros en situación ilegal en nuestro territorio.

Si grave es que la CIDH haga suyas, como inapelables, algunas de esas mentiras, más lo es que se atreva a recomendar (casi ordenar), que se desconozcan normas y cánones constitucionales que taxativamente han regido el derecho a la nacionalidad y la ciudadanía, un derecho que no se le enajena a ningún extranjero que, cumpliendo con los requisitos, pueda ser acreedor de ambas calidades.

Y es grave, también, que considere que la ley 169-14, cuya aplicación ha permitido a miles de haitianos ilegales regularizar su estatus migratorio en el país, sin que el gobierno de su propia nación haya cooperado o haya sido sensible a esas necesidades, ejerce un efecto retroactivo para “privar” de la nacionalidad dominicana a “cientos de miles de personas”.

Es una exageración decir que, por causa de estos mecanismos legales, República Dominicana haya decretado una situación de apatridia “de una magnitud nunca antes vista en América”, ignorando adrede que Haití ha sido el Estado que menos ha propiciado el registro civil legal de sus ciudadanos y el que menos respeta sus derechos humanos, porque ni siquiera asistió a sus inmigrantes en la regularización ni los asiste todavía en los campamentos que se instalaron en su territorio, donde viven en extrema pobreza.

La CIDH dice que ha constatado “las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación bajo las cuales viven los habitantes de los bateyes”, y nos gustaría saber por qué Haití, con ayuda de sus amigos internacionales, no lleva a cabo un programa de asistencia para dotarlos allá de las mejores condiciones de vida posible, ya que son sus nacionales y el primer deber de un Estado es la protección de los nacidos en su territorio.

Exigir que se anule el fallo del Tribunal Constitucional y se diluyan las bases que dieron origen a la ley 169-14 para dar paso a un nuevo “marco jurídico nacional” es la expresión más atrevida y descarada de un injerencismo al que LISTÍN DIARIO se opone y se opondrá, como lo ha hecho desde sus páginas en toda su historia de 126 años cada vez que fuerzas internas o externas pretenden imponernos leyes y políticas a base de la fuerza militar o de las premisas de un orden internacional diseñado a la medida justa de los intereses que subyugan y asfixian las aspiraciones soberanas de los pueblos que desean vivir en libertad y soberanía propia.

Tags relacionados