La denuncia ante la OMC
Tal vez no cause entusiasmo a nadie que se diga que el país va a recurrir por ante la Organización Mundial del Comercio para denunciar a Haití por haber violado un acuerdo bilateral al disponer la prohibición de importaciones dominicanas por vía terrestre.
Primero, porque se trata de un derecho legítimo y soberano que tiene Haití para tomar medidas protectivas de su economía, de sus ciudadanos o de su propia salud pública, nos parezcan o no justificadas, y segundo, porque la prohibición no es absoluta, es condicional: nada por la frontera terrestre, pero sí por sus puertos y aeropuertos.
Pero tenga o no oportunidades de éxito una querella nuestra ante la OMC, el paso ha sido correcto, porque muy raras veces hemos recurrido a los escenarios internacionales a devolverle a Haití, golpe por golpe, todas sus cazorras maniobras para desestabilizar nuestra capacidad de hacer valer y cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el régimen de nacionalidad y de migración, o para defendernos de sus acusaciones de racismo y discriminación que ha difundido por todo el mundo.
En eso habíamos sido muy timoratos. Por eso cuando llegaba la hora de explicar en foros o instancias decisivas la verdadera situación que se creaba con los mandatos de la sentencia histórica, encontrábamos que los argumentos en contra, diseminados por Haití y sus aliados, ya estaban bien asentados en esas esferas y, por tanto, los nuestros aparecían debilitados o apabullados.
La situación ha cambiado desde el momento en que la Cancillería dominicana decidió romper este silencio, este aislamiento y esta pereza diplomática, y salir al mundo a decir todas las verdades posibles, cada vez que hubiese justificación para ello. Y algo más: fue pronta y firme al responder las destempladas o atrevidas acusaciones de los líderes haitianos cuando nos acusaban de verdugos o torturadores, racistas, xenófobos y discriminadores.
En lo que no hemos sido ni firmes ni contundentes es en la aplicación rigurosa de la ley de repatriación de todo extranjero que se encuentre de manera ilegal en el país. En este campo hemos actuado como si le tuviéramos miedo a las respuestas de Haití, o si el Gobierno estuviera frenado por algún ancla que no lo deja actuar con la soltura y con la determinación con que lo hacen, frente a los inmigrantes ilegales, otras naciones del mundo, basadas sencillamente en lo que dicen sus leyes, no en lo que aconsejan los que meten sus narices en nuestros asuntos internos.