Le pusieron el cascabel al gato

En estos días, el principal ente empresarial del país estimó costosísimas las campañas electorales nacionales, un factor que les afecta sobremanera.

Resulta que el empresariado ha sido visto siempre por los partidos o dirigentes políticos como una fuente nutricia, legal por demás, para el financiamiento de sus campañas, favores que se retribuyen de alguna u otra manera, máxime si llegan al poder.

Más allá de las contribuciones que la ley impone al Estado para otorgarle recursos a aquellos partidos reconocidos oficialmente, las organizaciones políticas siempre se las arreglan para agenciarse fondos donde sea y con quien sea, generalmente sin dar cuentas claras de su uso.

La anhelada ley electoral, que todavía no acaba de ser aprobada por el Congreso, establece regulaciones a las donaciones privadas, como se estila en muchos países, como una forma, entre otras, de evitar el blanqueo de dinero por parte del crimen organizado o el comprometedor patrocinio de los narcos con algunas candidaturas que pudieran ser exitosas.

Brasil, por ejemplo, tiene estas regulaciones y estas fueron ratificadas en la ley de financiación de las actividades políticas, hace pocos días, aunque un inesperado veredicto del Tribunal Supremo las acaba de prohibir como inconstitucionales.

El Tribunal Supremo ha justificado su dictamen señalando que al permitirse al sector privado la financiación de las campañas de los partidos “el poder económico acaba capturando el poder político”.

Y esto lo ha dicho a la luz del escándalo que se ha desatado en ese país al descubrirse una red de corrupción público-privada que manejó más de 2 mil millones de dólares disfrazando coimas entre funcionarios estatales que se prestaron para traquear concesiones de contratos y “donaciones” a dirigentes políticos y congresistas que apañaron la corruptela.

El dictamen del Tribunal Supremo sienta un sano precedente, de la misma forma en que la justicia y la policía federal brasileñas han robustecido el principio de la institucionalidad de ese país, al actuar con independencia y firme decisión en las investigaciones de este escándalo de corrupción y en la persecución y arresto de sus responsables.

Naturalmente, en un país como el nuestro, con tremendas debilidades institucionales, un dictamen como este sería inviable o algo inimaginable. La larga e inexplicable demora de aprobar la Ley Electoral y la Ley de Partidos es la mejor prueba de ello.