Sí, que sea con mano dura
Los nuevos jefes de la Policía Nacional y de la Autoridad Metropolitana del Transporte han asumido sus cargos prometiendo “mano dura” contra los delincuentes y violadores de las leyes, un mensaje que toda la sociedad había estado esperando ante el auge desbordado de la delincuencia y el bandidaje callejero.
No se puede negar que en los últimos tiempos la delincuencia ha pretendido abacorar a la ciudadanía, intimidar a instituciones de todo género y entronizarse bajo una atmósfera de violencia, chantaje y criminalidad.
Y la penosa realidad es que, hasta ahora, al parecer están alcanzando éxitos en sus fines pues han contado con el contubernio de algunas autoridades militares y judiciales, a cuya causa se atribuye que atracos, robos, extorsiones de todo tipo y asesinatos hayan quedado en la impunidad, lo que constituye un aliciente para la reincidencia.
Bien temprano este año, la iglesia Católica percibió los alcances de este fenómeno al proclamar en la carta pastoral del Episcopado Dominicano del 27 de febrero que “lo primero que desasosiega en República Dominicana es no saber a quién acudir ni a qué atenerse” frente a la violencia institucionalizada que desde entonces padecemos.
Las nuevas autoridades tienen ahora un gran reto por delante: luchar firmemente para restablecer la confianza de la ciudadanía en la capacidad del Estado para garantizarle su seguridad, su tranquilidad y la paz en sentido general, pero no hay dudas de que para enfrentar a una delincuencia armada y prepotente, ni la policía ni el ejército pueden andarse con paños tibios.
Mano dura, como dicen los generales Nelson Peguero Paredes, jefe de la Policía, y Frener Bello Arias, de la AMET, es lo que aconseja la actual coyuntura.
Y la aplicación de esa mano dura no debe excluir a los propios delincuentes que se cobijan bajo los uniformes de las instituciones llamadas a preservar la seguridad ciudadana y el orden público, lo que a ojos de toda la población representa la más frustratoria sensación de desamparo.
Naturalmente, que en todo proceso profiláctico, así como también en la misión de combatir la criminalidad es menester que se respeten los derechos humanos, lo que no quiere decir que a los delincuentes, como ocurre ahora, les estemos prodigando las más insólitas indulgencias del Código Procesal Penal, permitiéndoles actuar a sus anchas, incluso desde los mismos centros penitenciarios donde purgan penas mínimas.
La misma sociedad es la que quiere mano dura, sin dobleces ni titubeos, frente a los delincuentes que, armas a la vista, sangre fría y profundo desprecio por la vida, salen todos los días a las calles a humillar y agredir a indefensos ciudadanos, prevaleciéndose de estas debilidades del sistema judicial y carcelario y de las zonas cancerosas que todavía pudren los cuerpos militar y policial de este país.