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No somos los únicos

El Gobierno, con el país detrás, no debería mortificarse por el mazazo que cree habernos dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su última sentencia sobre un asunto de hace quince años. No debería darle mucha mente, tampoco, a las consecuencias que más adelante podrían derivarse de aquel esperpento, porque la historia del quehacer de esa Corte deja mucho que desear: ningún país, literalmente, le hace caso a lo que falla o recomienda, salvo contadas excepciones. Llama la atención, por ejemplo, el dato de que la CIDH ha ventilado 270 procesos contenciosos que han culminado en sentencias condenatorias, absolutorias o cautelares respecto a denuncias sobre derechos humanos. Y hasta ahora no hay indicios firmes que garanticen el cumplimiento de esas sentencias, salvo aquellas con penalidades económicas o pecuniarias, porque a las cautelares prácticamente nadie les hace caso. No hay que temer, como decíamos ayer, a los cantos de sirena que anuncian el “aislamiento” de los países latinoamericanos por causa de la sentencia condenatoria a nuestro país ya que nadie, en América Latina, puede tirar la primera piedra en este escenario. República Dominicana figura con cuatro procesos, mientras que Haití, un campeón en el desconocimiento y violación de los derechos humanos, tiene apenas dos. ¿Hacia dónde está mirando la Corte? O mejor dicho ¿hacia dónde no quiere mirar? Para que se vea que a ningún país le quita el sueño la flamante Corte, sólo hay que ver que en ella se han abierto 64 procesos al Perú, 20 a Venezuela, 21 a Ecuador, 25 a Colombia, 30 a Guatemala, 17 a Honduras, 10 a México y “por ahí María se va”. En el caso de los grandes defensores de Haití en el Caricom, aparecen Barbados con dos, Dominica con cuatro, Surinam con nueve y Trinidad & Tobago con cinco, mientras que el resto de países de América Latina aparecen con un promedio de cinco a seis procesos por asuntos de derechos humanos. Con este telón de fondo, no hay razón para aceptar que nos quieran meter miedo con unas hiperbólicas sanciones si el país se empeña en declarar inaceptable y fuera de todo cumplimiento una sentencia evacuada por una Corte que no ha sido oficialmente reconocida por nuestro Congreso Nacional y, por tanto, sus fallos no son vinculantes a República Dominicana. Y si aquellos que están en la lista no lo han hecho ¿quién nos obliga a nosotros?

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