No hay que temer a nada

A República Dominicana no debe temblarle el pulso, jamás, a la hora de defender su soberanía y su derecho a la autodeterminación, ni sentir miedo alguno frente a todas las consecuencias que se deriven de su apego irrestricto a estos principios, que están enraizados en su Constitución. Nadie puede estar por encima de la Carta Magna ni tampoco del conjunto de normas jurídicas y legales que ésta ha creado para formatear el modelo de Estado y sociedad que el pueblo, soberana y libremente, quiere darse. Por eso, la mayoría representativa de todos los sectores que sustentan ese modelo de sociedad democrática y pluralista ha reaccionado con indignación frente al prepotente, atrevido, injusto y descocado fallo que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la querella presentada por un grupo de ciudadanos de origen haitiano que alegan haber sufrido la violación de sus derechos a la nacionalidad dominicana. La Corte ha desbordado, con este fallo, el ámbito de sus competencias al pretender ordenarle a este país que modifique su Constitución y sus leyes sobre la discutible afirmación de que ha incurrido en múltiples y graves violaciones a los derechos del grupo de querellantes y, en sentido general, de todos los inmigrantes que viven en su territorio, sin detenerse a verificar el estatus de ilegalidad en que se encuentran. De ahí que resulte en un acto histórico la firme determinación expresada por el Gobierno dominicano de anteponer la defensa de la soberanía nacional y la majestad de sus leyes al acatamiento de este fallo desproporcionado, el cual ha rechazado de plano, considerándolo inaceptable, extemporáneo e inoportuno. No sería el primer Estado que lo haga ni el último, porque si bien el orden internacional ha fijado marcos para la coexistencia pacífica y ordenada entre todos los miembros de la comunidad internacional, no siempre sus premisas o compromisos han sido acatados si coliden con los propios estatutos que trazan sus constituciones. ¿Cuántos de esos países que pretenden erigirse en jueces de la conducta internacional no han trapeado el piso de estos acuerdos y convenciones con sus intervenciones militares descaradas, con sus injerencias en las políticas interiores de otras naciones, con el patrocinio de golpes de Estado y asesinatos de líderes y ciudadanos sin que los llamados guardianes de ese “orden internacional” hayan sido capaces de evitarlas? Este país ha dado innumerables muestras de su apego a estos principios y compromisos internacionales y nadie puede considerarlo como un país violador consuetudinario de ellos. Esta tradición es el principal mentís a las barbaridades que pretende atribuirle la CIDH y sobre cuya base ha emitido esta sentencia mostrenca e inútil. El país, de la mano del Gobierno, tiene que mantenerse unido en el rechazo a toda pretensión que tienda a herir la dignidad nacional o a narigonear a sus poderes públicos induciéndolos a desconocer e irrespetar la sagrada Constitución que soberana y libremente nos hemos dado. Por tanto, no caben los miedos que tratan de inocularnos para neutralizar nuestro derecho a la autodeterminación, con premoniciones de que seremos sujetos al anatema internacional y al aislamiento, que es la tónica del chantaje que ha obrado para atacar y desmantelar el fallo 168-13 del Tribunal Constitucional y los procesos de regularización migratoria y de naturalización que han acompañado esta histórica sentencia. ¡Ni un paso atrás en la firme defensa de nuestra Constitución y nuestra nacionalidad!