Una de las obligaciones medulares del Estado es la de asistir y proteger a la niñez y a los adolescentes, garantizándoles su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.
El numeral 1 del artículo 56 de nuestra Constitución declara inclusive de alto interés nacional la plena protección de los niños, niñas y adolescentes “contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos”.
Al amparo de ese predicamento, el presidente Danilo Medina ha anunciado que promoverá la construcción de 300 estancias infantiles y 1,100 centros comunitarios con sus redes familiares, de aquí al 2016, a fin de asistir a los menores de cinco años que son hijos de madres solteras o forman parte de familias carenciadas.
En el país hay centenares de niños expuestos a los riesgos de un abuso sexual, a los accidentes caseros o a la franca desprotección y cuidado maternal o familiar, ya que muchas madres tienen que dejarlos solos en las casas para poder trabajar.
Es así como, en esa atmósfera de desatención, muchos niños se hacen pasibles de ser manipulados por adultos o se van a la calle a exponerse a los vicios de los juegos o las drogas o a la actividad delictiva. Ya hemos visto cómo se ha incrementado el número de adolescentes implicados en pandillas o consumo de drogas y de niñas que salen embarazadas a los diez y once años, cuando ni siquiera se han desarrollado, se han educado o han madurado.
Las estancias infantiles pueden convertirse en el gran refugio, en una especie de hogar sustituto de estos menores, donde podrán jugar y socializar, aprender las tempranas tareas de su formación educativa, y educarse en valores. Es una especie de tabla de salvación para ellos y para sus progenitores, porque en las estancias también encontrarán buena alimentación, buen trato y, talvez, las ropas y otros utensilios que necesitan para tener una vida más digna de la que hasta ahora llevan.
La decisión presidencial ha sido, pues, certera y oportuna, y su impacto social será enorme. De eso no nos cabe duda.