Ha cobrado un matiz preocupante el conflicto generado por la inadmisible pretensión de indocumentados haitianos de entrar al país sin cumplir los requisitos del visado oficial dominicano.

 La presión que se estuvo ejerciendo desde el otro lado de la frontera no tiene parangón. En ninguna zona fronteriza del mundo, salvo que se trate de una muchedumbre que escapa desesperadamente a una guerra o de una invasión, con todas sus características, ocurre lo que ha estado pasando en estos días en Dajabón y Juana Méndez, en Haití.

Miles de haitianos que trabajaban en el país y que volvieron al suyo en las navidades trataron de reingresar, sin portar documentos legales expedidos por los consulados dominicanos o con permisos especiales de Migración para los trabajadores temporeros.

Como es obvio, al amparo de la ley nacional, las autoridades no permiten el paso de esos miles de haitianos, y no pueden hacerlo, pura y simplemente, porque de lo contrario relajarían uno de los fundamentos del Estado soberano y de las normas vigentes en el ordenamiento internacional.

 No se trata de un ejercicio arbitrario ni inhumano.

 Por el contrario, cuando ha habido situaciones excepcionales (tal es el caso del devastador terremoto que asoló a Haití hace tres años), las autoridades flexibilizaron la regla, por razones eminentemente humanitarias, para permitir el paso de haitianos heridos o damnificados que recibieron aquí todas las atenciones médicas y ayudas, gratuitamente.

Sin embargo, en el caso actual, lo más grave es que la presión se estuvo ejerciendo como si acaso fuese una obligación irrenunciable de las autoridades dominicanas abrirles el paso por la frontera, sin más ni más.

La autoridad de la ley no puede ser puesta de rodillas ni manipulada, sea quien sea que intente hacerlo y sea cual sea la razón invocada para quebrarla.