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ANÁLISIS DEL TRANSPORTE

Sugieren aplicar multas severas a los peatones

PANORAMA RESPECTO A NUEVA LEY DE TRÁNSITO

Implicación. Este servicio no solo afecta el presupuesto de las familias, sino también el de las empresas y los gobiernos, sobre todo cuando ha sido ineficiente por años.

Implicación. Este servicio no solo afecta el presupuesto de las familias, sino también el de las empresas y los gobiernos, sobre todo cuando ha sido ineficiente por años.

El renglón del transporte terrestre es un indicador más de la inflación, que implica un costo en el bolsillo de la gente, y así lo establecen las autoridades monetarias para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero también es un indicador del gasto público a causa de muertes por accidentes, al que debe buscársele remedio.

Este servicio no solo afecta el presupuesto de las familias, sino también el de las empresas y los gobiernos, sobre todo cuando ha sido ineficiente por años, acarreando un sinnúmero de males que van desde la proliferación de malas conductas hasta el imperante caos que le ha merecido a este país “bailotearse” ante la región Latinoamericana y 182 países de Naciones Unidas entre la primera y segunda causa de muertes por accidentes de tránsito. Esto ocurre principalmente en hombres jóvenes.

Viendo que hay una pieza legislativa que busca fusionar varios elefantes blancos y regular los pasajeros a cuatro personas; así como la salida de carros viejos de calles y carreteras, es bueno hacer notar que hay naciones desarrolladas que se pueden emular para introducir mejoras en un servicio tan vital.

Ahora que están por sentarse las bases para mejorar el transporte de pasajeros en el país sería bueno que se comiencen a emular disposiciones que se aplican en Japón, y en Canadá, amén de la pronta entrada de un metro-cable como el usado en Colombia y de la promesa de terminar la Línea dos del Metro Santo Domingo que conectará la metrópolis con la zona Oriental de la Capital.

En Japón se aplican multas no solo a los conductores cuando violan las leyes de tránsito, sino también a los transeúntes (a la gente de a pie) que cruza una vía con un semáforo en rojo. Allí se aplican duras sanciones.

Igual pasa en Canadá, donde además los transeúntes disponen de un dispositivo que tienen los postes en las esquinas donde hay semáforos que con solo apretar un botón les da el paso si no hay mucho tránsito, para agilizar sus pasos y cruzar una vía.

Conjuntamente con estas medidas de facilidad y de duras sanciones, los transeúntes disponen de metros, tranvías, ciclo-vías y áreas que permiten la circulación de autobuses, motocicletas, bicicletas, y vehículos pesados, en hileras, sin que ninguno tenga que hacer rebases (cruzarse delante del otro), aunque haya un “trancón” o entaponamiento.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe sobre la situación mundial de la seguridad, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los costos económicos y sociales de los accidentes de tránsito y las lesiones ascienden a 1% del producto interno bruto (PIB) en países de ingresos bajos, 1.5% en los de ingresos medios y 5% en los de ingresos altos (ricos). En tanto, un reporte de prensa local (Diario Libre), señala que de 2,164 muertes por accidentes de tránsito ocurridas en el país entre 2014 y 2016, 85% se debió a accidentes de motoristas. El dato fue atribuido a un funcionario de Salud Pública.

Y, no es para menos, el parque vehicular dominicano además de que es viejo, en su mayoría está compuesto por motocicletas, cuyos conductores, muchos de ellos, circulan sin placas, sin cascos protectores y sin una señal que los identifique, a pesar de que hace poco (el año pasado) se anunciaron medidas de seguridad ciudadana que serían ejecutadas por la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET); y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El año pasado habían 3,854,038 vehículos circulando en todo el territorio nacional. Ingresaron 24,074 unidades vehiculares más que en 2015 de acuerdo con los registros de la DGII en 2016. Esto sin que hayan nuevas infraestructuras viales.

De éstos, 2,096,196 son motocicletas, para un aumento de 7.7% con respecto al 1,946,594 que circularon en 2015, y equivalentes al 54.4% del parque vehicular del pasado 2016.

CASOS La Oficina Nacional de Estadística (ONE) señala la ocurrencia de 1,948 accidentes en el año 2010 y ya en los primeros 10 meses de 2015 había registrado 1,734 accidentados.

En la región se han visto casos similares al de esta nación con respecto a conductores de vehículos pesados (patanas, camiones de transporte de carga), y lo han contrarrestado con charlas y encuentros educativos que lograron reducir la alta siniestralidad, como por ejemplo Colombia, que involucró a los hijos de choferes en un proyecto que facilitó que estos explicaran a sus padres de las ventajas del manejo seguro.

Algo que se plantea en la nueva ley que crea el Intrant (Instituto de Tránsito Terrestre) es castigar a los que obstaculizan las vías y paseos públicos. Lo mínimo que habría de esperarse es la “desarrabalización” de la popular Avenida Duarte esquina París y todo su entorno que parece un “pandemónium” en plena área comercial de la Capital, muy similar a las calles de nuestra vecina nación de Haití. Algo inconcebible en pleno siglo 21 y en momentos que se busca hacer de la ciudad de Santo Domingo una puerta al turismo cultural y al turismo de convenciones.

Por lo menos la ley está y hay que darle curso. El diputado Tobías Crespo habló en un programa televisivo y dio datos aterradores. Dijo que los hospitales traumatológicos dominicanos gastan más de RD$60,000 millones en accidentes de tránsito, pero que hay RD$2,000 millones acumulados en la Tesorería Nacional, de los 50 centavos obtenidos por concepto de una partida del impuesto a los combustibles para renovar el parque vehicular.

También dijo que el 21% de los ingresos de los dominicanos se va en la movilización, cuando en la mayoría de los países ese gasto es de 6%. Ojalá que la ley propuesta traiga una verdadera reforma al servicio del transporte en el país.

Nueva ley modifica estructura del MIC El presidente Danilo Medina promulgó la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria y Comercio para que en lo adelante se denomine Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). En cuanto a las atribuciones del MICM, la ley indica que le corresponde “establecer la política nacional y aplicar las estrategias para el desarrollo, fomento y competitividad de la industria; el comercio interno, incluida la comercialización, el control y el abastecimiento del mercado de derivados del petróleo y demás combustibles”, cita una nota de su Dirección de Comunicaciones.

Asimismo, el MICM hará la clasificación correspondiente a las Mipymes y expedir las certificaciones pertinentes y velar por la coherencia de los programas y servicios del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD).

Con la nueva ley, el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes y el Ministerio de Relaciones Exteriores establecerán el mecanismo para fijar las directrices que seguirá la Oficina de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las instituciones adscritas, por el artículo 7, se dispone que pertenecen al MICM el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipymes); el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria); el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), el Instituto Nacional de la Aguja (Inaguja) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

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