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28 Agosto 2014, Santo Domingo, República Dominicana, actualizado a las 8:00 PM
Economía & Negocios 20 Noviembre 2012
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ENFOQUE
La multa administrativa
"NO ES EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EL QUE DETERMINA LA LEGITIMIDAD DE UNA DECISIÓN"
  • Responsabilidad. ProConsumidor tiene facultad legal para imponer multas administrativas.
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David La Hoz Especial para LISTÍN DIARIO
Santo Domingo

La potestad sancionadora la adquiere Pro- consumidor de parte del contenido de la ley 358-05, artículos N.os 23, 28; letra “j” del artículo 31; artículos: 43, 104, 105, letras “a”,  letra “c” numerales 1, 2 y 3; letra “d” numeral 1,  letra  “f”, numerales 3 y 5, y artículo 117.

El artículo 23 es el que confiere competencia a la dirección ejecutiva de Proconsumidor para que en calidad de Ministro-juez, de 1.a instancia, decida sobre los asuntos que son de su competencia. Su texto dice: “Art. 23.- La dirección ejecutiva de Proconsumidor es el organismo competente para conocer, por la vía administrativa, los casos de conflictos relativos a esta ley”. La figura del Ministro-juez es bien conocida por el derecho administrativo dominicano, toda vez que el artículo 1 de la ley 1494-47, mejor conocida como Código Procesal Administrativo, que data de 1947, la contempla en la parte in fine de su artículo 1, y ahora posee rango constitucional, pues el numeral 1 del artículo 165 de la Constitución, lo ha previsto casi con la misma redacción que lo hace la ley 1494-47. La no difusión del mismo y el hecho de que muchos incumbentes no sepan hacer uso de esta figura se debe a que todavía imperan entre nosotros criterios del siglo XIX.

El artículo 28 de la ley 358-05 va sin rodeos, por ejemplo, al tema del gas licuado de petróleo, indicando que el órgano sancionador administrativo, es Proconsumidor y el órgano técnico, lo es Digenor; veamos su contenido: “Art. 28.- La Dirección Ejecutiva de Proconsumidor será responsable además de tomar las medidas de lugar para garantizar los derechos del consumidor en caso de inexactitud de pesos y medidas, deficiencias de calidad y normas técnicas, de los productos y servicios que se ofertan en el mercado, en coordinación con Digenor”. Por tanto, queda definida la competencia como la capacidad legal de Proconsumidor para imponer multas administrativas a los distribuidores y comercializadores de bienes y servicios. Esto es, la ley habla de “pesos y medidas” no de volumen. Tampoco la ley 112-00, sobre Hidrocarburos, dice que está permitido vender GLP por volumen, la ley habla solo de peso y masa (Véanse también los arts. 52 y 53 de la ley 358-05 sobre este tema, y se sabrá que la competencia de Proconsumidor es absoluta en esta materia). Por tanto, toda reglamentación que ignore esto está viciada de nulidad. Pues los reglamentos secundum legem o reglados no pueden ser contrarios a la ley de la que dependen y les da origen. Pero todavía más, la letra “J” del artículo 31 de la ley de la materia, traduce más claramente tal atribución como para evitar confusiones; las funciones de Ministro-juez de Proconsumidor, en materia sancionadora, dice: “j) Dictar resoluciones relativas a la aplicación de esta ley en caso de infracciones y violaciones que deban ser conocidas y resueltas, en primera instancia, a su nivel de competencia”.

Hablando más gráficamente sobre la competencia sancionadora de Proconsumidor, en materia administrativa, dice el artículo 43 de la misma ley, en su parte in fine, algo que pondremos en mayúsculas para que los miopes jurídicos puedan ver su contenido: “Art. 43.-Adulteración de fechas de expiración. Se prohíbe la adulteración o eliminación de las fechas de expiración o de uso permitido, en materia de alimentos, medicamentos u otros productos perecederos, por constituir acciones fraudulentas que conllevan riesgos para la salud y seguridad de los consumidores. La violación de esta prohibición será sancionada por la dirección ejecutiva de Proconsumidor con la incautación de los productos, MULTA y reparación de daños ocasionados al consumidor, sin perjuicio de otras acciones que conforme a la ley puedan ejercerse”.

El artículo 104 de la misma ley, nos hace un llamado a distinguir la competencia administrativa de Proconsumidor de la penal y de la civil, que tienen los jueces de la jurisdicción judicial, así como a prohibir la doble sanción, claro, cuando versen sobre los mismos intereses, es decir Proconsumidor no puede solicitar sanción civil ni penal, si ya ha impuesto una sanción administrativa, pero eso no es óbice para que el o los consumidores afectados, tomando como prueba de la infracción la resolución de Proconsumidor, incoen acciones civiles y penales, o ambas a la vez. O, que en el supuesto de que Proconsumidor desee incoar acción judicial, pueda hacerlo por igual. Pues son cosas diferentes. Esto así, porque la propia acción administrativa consta de dos fases, a saber: una no contenciosa y otra contenciosa, la primera, ocurre, al interior de Proconsumidor, como detallaremos más adelante; la otra, es cuando se acude por ante el juez de lo contencioso administrativo, fuera de Proconsumidor. Ambas instancias son pues diferentes y van de menor a mayor, según el procedimiento establecido en la ley.

La letra “a” del artículo 105 despeja toda duda residual que aún pudieren tener los amigos de la defensoría de lo indefendible desde una buena técnica jurídica, pues de manera específica se refiere a las potestades administrativas en materia de sanción administrativa, y luego lo repite ampliado en la letra “c” del mismo artículo, en sus numerales 1, 2 y 3. Pero donde el tema se pone difícil para los defensores del atraso, es en la letra “f”, numerales 3 y 5, pues allí no solo se lee lo siguiente, sino que se sanciona a quienes obstruyan la acción sancionadora de Proconsumidor.

“Art. 105.- Se considerarán infracciones en materia de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, sin perjuicio de lo que se haya establecido como tal en otras disposiciones legales o en cualquier otro artículo de esta ley: “f” 3. La resistencia, coacción, amenaza, represalia o cualquier otra forma de intimidación o presión a los funcionarios encargados de las funciones a que se refiere la presente ley o contra las empresas, particulares u organizaciones de consumidores que hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal, denuncia o participación en procedimientos en materia de defensa del consumidor”.

“5. El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en esta ley, sus reglamentos y disposiciones o resoluciones administrativas que emita Proconsumidor, a través de su dirección ejecutiva”.

Finalmente, la ley en su artículo 117 recrea el procedimiento administrativo a seguir, señalando tres fases: la de conciliación, la de sanción o multa, en tanto fase no contenciosa, con derecho a recursos de reconsideración y al jerárquico y, finalmente, la fase contenciosa jurisdiccional por ante el juez de lo contencioso administrativo. Aunque la ley permite brincar el procedimiento no contencioso, esto no significa que el accionante pueda luego alegar su propia falta, en la fase contenciosa. Es decir, el hecho de que no agote los medios y recursos de que dispone en la fase no contenciosa, no significa que pueda alegar con éxito violación de su derecho a ser oído, pues nadie le ha impedido acudir a las vías que la ley le provee, lo único que ha sucedido es que precisamente haciendo uso de su derecho a acudir por la vía que entienda más adecuada a sus intereses, las ha obviado, no porque se las hayan negado sino porque así lo ha decidido de motu proprio, por propia voluntad.

La multa administrativa es una potestad sancionadora que bajo un rancio concepto de judicialismo populista pretenden ignorar algunos letrados retrotrayendo el derecho del siglo XXI, que lo es el derecho de consumo, a los mejores días del positivismo jurídico inmoral, que  sirve al capital e ignora la responsabilidad social empresarial. Es decir, a un derecho clasista que operaba en beneficio de intereses bastardos e ignoraba el interés general y la voluntad general, pero ahora, bajo el Estado social, todo juez, al momento de decidir, debe rendirse reverente al programa del interés social, por la parte más vulnerable de la relación de consumo. Incluso, en caso de dudas, el juez ha de decir conforme al interés del consumidor, tal y como se desprende de la lectura de la parte in fine del artículo 1 de la ley 358-05”.

Ese punto de vista no se debilita sino que se fortalece en el artículo siguiente, el 2, al ser reforzado con las nociones de “interés social” y “orden público” y con el carácter “imperativo” que tiene el Derecho de Consumo, en el Estado social, y cuyo contenido es como sigue: “Art. 2.- Las disposiciones referentes al derecho del consumidor y usuario son de orden público, imperativas y de interés social, y tendrán un carácter supletorio frente a las disposiciones contempladas en las leyes sectoriales”.

Así las cosas, resulta obvio que lo que ha dicho el legislador y ratificado la doctrina, requiere ahora de una firme jurisprudencia, pues los sectores decimonónicos de la sociedad todavía no quieren aceptar el cambio operado. Incluso, apelan al carácter preconstitucional de la ley, pero este argumento ya ha sido superado, pues obviamente, las leyes preconstitucionales no quedan derogadas sino en aquellos puntos en que sean contrarias a la Constitución, pero como el Derecho de Consumo ha quedado constitucionalizado por la nueva Constitución, cabe admitir, que lo que ha quedado derogado es el razonamiento decimonónico que pretende desconocer la capacidad sancionadora de Proconsumidor. Así, aún en el supuesto de que la ley 358-05 no otorgare capacidad sancionadora a Proconsumidor, las decisiones del Ministro-juez, no pueden ser atacadas con base al principio de la legalidad del Estado legislador, pues bajo la teoría de la corriente neoconstitucionalista hoy en boga, no es el principio de legalidad el que determina la legitimidad de una decisión, sino su conformidad con la Constitución.

 

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