Santo Domingo.- El fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, declaró ayer prófuga de la justicia a Sobeida Félix Morel, vinculada al decomiso de 4.3 millones de dólares en una yipeta estacionada frente a un apartamento del sector La Esperilla, en la Capital.
Mientras, los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocaron la orden de libertad emitida a favor de la imputada, tras considerar que ella no calificaba para ser favorecida por la Jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
Moscoso Segarra pidió a las autoridades policiales y de investigación, nacionales e internacionales iniciar las labores de búsqueda de Félix Morel, a quien a partir de ahora se ha convertido en una prófuga de la justicia, al tiempo de solicitar a cualquier persona que tenga alguna información relativa sobre su posible paradero, ponerse en contacto con la autoridad competente.
“Sobeida se ha sustraído a la acción de la justicia, es decir, nosotros entendemos que se ha fugado del proceso y pediremos declarar la rebeldía por un juez. Para nosotros esta fugada, porque desde el pasado viernes no ha tenido contacto ni con sus familiares, abogados y la Fiscalía”, apuntó.
Manifestó que se procedió a dictar una nueva orden en contra de Félix Morel para poner en movimiento la acción pública, de quien se cree que habría abandonado del país. Moscoso Segarra dijo que la preocupación del Ministerio Público era que con la variación de la medida de coerción, la imputada abandonara el país para evadir la justicia.
”Este es un país vulnerable donde una persona puede salir con facilidad por la frontera y salir fuera del país. Puede tomar una embarcación y salir fuera de la República Dominicana. Ese es el peligro de fuga al cual nosotros hacíamos referencia”, acotó.
Revocan libertad
Los magistrados Ignacio Camacho Hidalgo, Manuel Ulises Bonelly Vega, Nancy Joaquín Guzmán e Ysis Muñiz Almonte revocaron la libertad de Félix Morel al acoger un recurso de apelación presentado por el fiscal del Distrito Nacional.
Los magistrados en su sentencia anularon la decisión dictada por la jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Roxanna Vásquez, quien ordenó la inmediata puesta en libertad de Félix Morel, tras revocar una medida de coerción dictada en su contra, consistente en prisión preventiva por el juez de la Jurisdicción Permanente del Distrito Nacional.
La Jueza le otorgó le impuso una garantía económica de 5 millones de pesos, impedimento de salina y presentación periódica todos los martes por ante el ministerio público.
“Procede declarar con lugar el recurso revocado la resolución impugnada y restituir la medida de coerción dictada originalmente por el juez de la Jurisdicción Permanente, con todas sus consecuencias”, expresaron los jueces, tras acoger el recurso de apelación presentado por el fiscal del Distrito Nacional en contra de la decisión tomada por la magistrada Roxanna Vásquez.
Para revocar la orden de libertad tomó como argumento que el hecho imputado acarrea plena privación de libertad, que podrían implicar penas de hasta 10 años de reclusión.
NO CALIFICA PARA SER PUESTA EN LIBERTAD
Señalan, además, que hay una inexistencia de arraigo laboral y de inexactitudes que se evidencian en torno al domicilio real de la imputada, quien en el tribunal ofreció dos direcciones, una en la calle Tiradentes esquina Jose Aybar, Torre Alco, Paradice, apartamento 14-B, y la otra calle Bureden número 7 Los Cacicasgos, ambas en el Distrito Nacional.
El tribunal sostiene que la jueza de instrucción para ordenar la libertad de la imputad, alegó que ella calificaba para ser favorecida con una garantía económica, sin tomar en cuenta que no se le presentó prueba, ni de su situación laboral, ni económica y que incurrió en una incorrecta “fijación del hecho de que se le pretendía establecer el arraigo”.
Los jueces sostienen que para un imputado ser favorecido con una medida de coerción consistente en garantía económica, debe poseer negocios o trabajo, o que demuestre tener una situación económica estable que justifique la no necesidad de pagar o de poseer negocios, lo cual no quedó establecido por la jueza de la instrucción que conoció la solicitud de revisión de medida de coerción.
