El superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, anunció que en los próximos días procederá a informar al país una lista de familias acaudaladas que se roban el servicio energético.

El funcionario dijo que si en un plazo de 15 días aquellos usuarios no regularizan su situación, serán sometidos a la acción de la justicia y publicados sus nombres.

A primera impresión, la advertencia luce justa toda vez que no se compadece que alguien usufructúe un servicio que no paga, máxime si es una persona que perfectamente puede hacerlo.

Sólo que aún con la carga de aprobación que generan sus palabras, lo anunciado por Méndez revela también una debilidad institucional muy grande. Esto porque si se tiene en vigencia la Ley 125-01 que criminaliza el hurto de energía no hay razón para tener que recurrir a la amenaza mediática para hacerla valer.

Porque si al ciudadano común que se roba la luz no se le anuncian plazos ni amenazas por los medios para que se regularice, esta consideración tampoco debe existir para aquel que es igualmente infractor pero con la única diferencia que tiene poder social y económico.  

En tal virtud, la gente se pregunta por qué si se sabe perfectamente quienes son esos ricos que están cometiendo el ilícito penal no han sido sometidos ante los tribunales, o porque mejor no se publica un listado con los que ya han sido sometidos.

Independientemente de la buena intención con que haya sido dicha, la revelación del ejecutivo energético da la impresión de en el fondo no querer -o no poder- actuar contra los poderosos y en tal sentido prefiere usar la prensa en vez de la ley.

De todas maneras de los quince días ya van tres, por lo que en doce debemos esperar ese supuesto listado de infractores, aunque desde ya muchos apostamos a que la única lista que veremos será la de Santa Claus.